La posible reforma a la ley de glaciares sigue generando controversias en todo el país. A horas de su tratamiento en la Cámara de Diputados tras obtener media sanción en el Senado, tanto legisladores de la oposición que están en contra de la iniciativa como referentes del ambientalismo cuestionan la narrativa que intenta destacar que la esencia dele proyecto es "aclaratoria" sobre una normativa que, actualmente, protege a los reservorios de agua más importantes de Argentina.

Este martes, el diputado santafesino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) aseguró a LT8 que el proyecto busca ser "aclaratorio". "Quiero llevar tranquilidad: la protección de los glaciares se mantiene intacta", aseveró quien, además, preside la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Sin embargo, diputados opositores que no acompañarán el proyecto y referentes del ambientalismo aseguraron que la modificación propuesta para la ley de glaciares no sólo conllevará problemas económicos a futuro, sino que también mencionan que estos reservorios de agua no pertenecen a las provincias cordilleranas, hoy en el centro del debate por su acompañamiento mayoritario a la iniciativa, sino a todo el país.

Problemas económicos a futuro

Para Mirko Moskat, del Taller Ecologista, hay cuatro cuestiones esenciales que podría generar una eventual reforma a la ley de glaciares: la erosión de la normativa ambiental, el impacto económico y fiscal por problemas a futuro, la "destrucción de la confianza institucional" y el debilitamiento de la posición de Argentina ante organismos internacionales.

"Con esta reforma, se debilita estructuralmente una de las leyes de presupuestos mínimos más importantes de nuestro país. Se estabece un pésimo precedente para otras leyes de presupuestos mínimos, que establecen un piso de protección ambiental común y uniforme para todo el país. Esto pone en riesgo avances ya logrados, como las áreas protegidas en nuestro territorio", manifestó a La Capital Moskat, quien fue una de las 200 personas entre las más de 100.000 habilitadas que pudo exponer durante las audiencias públicas sobre el tema, desarrolladas a finales de marzo.

El referente señaló que la eventual reforma de la ley de glaciares va a derivar en un considerable impacto económico y fiscal por futuras emergencias hídricas en provincias cordilleranas, en donde toda el agua que se consume (desde los hogares hasta la actividad productiva) proviene de los glaciares que hoy están protegidos. A su vez, destacó que Santa Fe no quedará ajena a las crisis que ocurran por la destrucción de glaciares, "ya sea por el impacto económico que inevitablemente se traslade como por el costo fiscal de tener que atender estas crisis". Y se preguntó: "¿Cuáles van a ser los precios de productos que vienen de provincias cordilleranas en un escenario de crisis hídrica?".

Por su parte, resaltó que una reforma como la que ya obtuvo media sanción en el Senado significa una "destrucción de la confianza institucional": "Los diputados y diputadas que votarían a favor de la reforma ni siquiera se esforzaron en dar argumentos públicamente, casi no han dado la cara para justificar su posición ¿Cómo tener confianza en diputados y diputadas que votarán por alineamiento político o por intereses económicos, sin cumplir su rol de representantes del pueblo?".

"A partir de la desregulación de la protección del agua, se debilita la posición de Argentina ante organismos internacionales de crédito y tratados ambientales. Esto puede derivar en barreras para-arancelarias a las exportaciones al ser señalada Argentina como un país que no cumple con estándares de preservación ambiental", completó.

"El agua no reconoce fronteras"

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, Ciudad de Buenos Aires), uno de los que impulsó el pedido de audiencia pública en la Cámara baja que derivaron en más de 100 mil inscriptos, publicó una carta abierta en la que pidió a sus colegas no acompañar la reforma a la ley de glaciares.

"Se pretende instalar que este es un debate entre la Nación y las provincias cordilleranas, como si los glaciares fueran un recurso aislado, circunscripto a un territorio específico. Los glaciares no son un recurso local. Son parte de sistemas hídricos complejos que atraviesan jurisdicciones, que conectan territorios y que sostienen economías enteras a cientos o miles de kilómetros de distancia. El agua no reconoce fronteras políticas", expresó.

El legislador explicó que "una porción significativa del territorio" nacional depende de cuencas que se alimentan, directa o indirectamente, de agua proveniente de los glaciares. Enumeró que provincias como Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa o Buenos Aires "reciben agua que nace en la cordillera que sostiene la producción, abastece poblaciones y estructura economías regionales".

"Reducir esta discusión a la autonomía de las provincias mineras es desconocer la dimensión real del problema. Cuando se afecta un glaciar, no se afecta sólo a la provincia donde está ubicado. Se impacta sobre un sistema compartido. Y cuando lo que está en juego es un recurso compartido, el federalismo no se ejerce fragmentando decisiones, sino construyendo reglas comunes que protejan a todos", manifestó, para añadir que la idea de los presupuestos mínimos ambientales, justamente, sirve para "garantizar un piso de protección que ninguna jurisdicción pueda perforar, porque lo que está en juego excede cualquier interés local".

"A los gobernadores: ustedes representan no solo los intereses productivos de sus provincias, sino también el derecho de sus ciudadanos al agua, al ambiente y al futuro. Incluso en aquellas provincias que no tienen glaciares, pero dependen de ellos. A las diputadas y diputados: nuestra responsabilidad no se agota en acompañar una mayoría circunstancial. Aquí se han vulnerado principios básicos del orden republicano. Votar en estas condiciones es convalidar un procedimiento viciado y asumir consecuencias que trascienden esta ley, afectando la sostenibilidad del desarrollo y el bienestar de millones de argentinos. El agua que hoy está en discusión no pertenece a una provincia. Es un recurso estratégico compartido. Y las decisiones que se tomen ahora van a impactar, de forma irreversible, mucho más allá de los límites de cualquier jurisdicción. Por eso, les pedimos que no acompañen esta reforma", finalizó.

Debate en el Congreso

Actualmente, existe el Inventario Nacional de Glaciares (ING), desarrollado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que determina dónde se encuentra cada uno de los cuerpos de hielo y de los glaciares de escombros que son fundamentales para proveer agua en zonas áridas a través de los deshielos. Es una de las piezas esenciales de la actual ley de glaciares.

Uno de los puntos que marcó a La Capital el biólogo Matías Arrigazzi, de Greenpeace, es que el proyecto de reforma "genera competencias entre las provincias porque se bajan los estándares de protección y se deja de lado la palabra del Ianigla, que son especialistas en el tema y que ya advirtieron que (el proyecto) es peligroso". En tanto, resaltó que las decisiones administrativas tendrán más relevancia que la palabra técnica de los científicos que elaboraron el ING: "Cualquier persona podrá tomar una decisión administrativa, basada en cualquier criterio que considere, para determinar qué zonas se protegen y en qué zonas se pueden desarrollar proyectos mineros".

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La modificación propuesta por el oficialismo mantiene el ING pero le quita peso ya que otorga a las provincias la potestad de proceder ante el requerimiento para desarrollar proyectos mineros. También menciona áreas de "relevancia hídrica", aunque no es clara la definición de esa relevancia, uno de los puntos que criticaron desde sectores ambientalistas ya que, afirman, esto irá en detrimento de las áreas que hoy están protegidas para que avancen diversos proyectos mineros.

Científicos, abogados y referentes del ambientalismo vienen alertando el retroceso que marcaría esta modificación no sólo en términos ambientales, si no también en relación a la protección jurídica con la que actualmente cuentan estos ecosistemas.

Ambientes glaciares y periglaciares

La ley de glaciares actual (Nº 26.639), sancionada en 2010, define a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. El objetivo central de la ley fija presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola, la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

Los glaciares se forman por una combinación de factores. Se trata de nieve que queda convertida en hielo y va acumulándose en capas a través del tiempo gracias a la persistencia de distintas condiciones ambientales, como las bajas temperaturas en altura muy elevadas. Son una reserva de agua dulce vital.

Al derretirse algunas capas de un sector de los glaciares, tanto por el incremento de temperatura a nivel global como por tratarse del extremo que se encuentra más abajo en la montaña, el agua se filtra en el territorio para volver a adoptar su forma congelada bajo tierra. Esto se da, generalmente, en lugares que están por debajo de la zona de glaciares y puede considerarse como hielo subterráneo, que también se va acumulando en capas.

El ambiente periglacial puede considerarse como tierra congelada, en donde puede formarse hielo a partir de la presencia de humedad y una exposición a bajas temperaturas, generalmente cercanas a 0º o menos. El congelamiento puede darse tanto en la superficie como por encima o por debajo de ella, pasando a convertirse en una reserva hídrica ya que, en caso de que se dé un descongelamiento total o parcial, esa masa se transformaría en agua.

Otras variantes son los glaciares de escombros, una combinación entre glaciares subterráneos y piedras sin hielo a la vista; así como también suelos congelados con gran cantidad de hielo pero que no se consideran como glaciares. Ambas alternativas son reservas hídricas y son subterráneas.