Las escuelas de Santa Fe atraviesan días de tensión constante. Luego del violento episodio en San Cristóbal, que terminó con un estudiante muerto, instituciones educativas de toda la provincia recibieron amenazas o se vieron atravesadas por operativos de seguridad. En menos de una semana, el gobierno registró más de 150 alertas relacionadas a esta problemática, en el marco de las cuales ya pudo identificar a siete personas responsables.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani, remarcó que amenazar a una escuela “es un delito que acarrea consecuencias penales y económicas”. Siguiendo las declaraciones del ministro Pablo Cococcioni, planteó que cada operativo cuesta entre 5 y 6 millones de pesos en promedio, que a partir de la individualización se cobrarán a los responsables.

En caso de ser un mayor de edad, la persona tendrá responsabilidad directa, pero en aquellas intimidaciones realizadas por menores, sus padres o tutores deberán abonar el operativo. “Estamos acostumbrados de la única manera que reflexionamos es cuando nos tocan el bolsillo, por lo que el Ministerio de Justicia y Seguridad ha puesto una medida que buscan desalentar a estas prácticas”, agregó Orciani.

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En este sentido, pidió colaboración a las familias: “No hay manera de frenarlo sin ellos. Esto no es un juego, es un delito tipificado en el código penal y que tiene una sanción económica”. Entre el 16 y el 22 de abril, Orciani confirmó que en Santa Fe hubo 158 intervenciones por amenazas o mensajes intimidatorios a escuelas de la provincia. Ante la consulta de La Capital, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad confirmaron que se individualizaron a siete personas por estas amenazas, aunque no develaron de dónde son o a qué caso están vinculadas.

¿Cómo se cobrarán los operativos?

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe confirmó nuevas medidas para frenar la ola de amenazas de ataques a tiros en escuelas. De acuerdo a lo que habían anunciado fuentes oficiales, este martes se publicó un protocolo para cobrarles los gastos de los operativos a estudiantes u otras personas denunciadas por estos delitos.

Según el titular de la cartera, Pablo Cococcioni, un procedimiento básico para abordar este tipo de situaciones en establecimientos educativos tiene un costo que oscila entre 5 y 6 millones de pesos. Dado el aumento de las pintadas y mensajes de Whatsapp en la última semana, la provincia apuesta a desalentar las falsas acciones intimidatorias mediante una intimación extrajudicial para recuperar ese dinero.

La resolución 1.201/26 no sólo plantea la necesidad de evitar las amenazas. También define un mecanismo que apunta a garantizar la trazabilidad, previsibilidad y eficacia de las medidas para cubrir el dinero que utiliza el Poder Ejecutivo desde que ingresa una llamada al 911 hasta que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifica a los responsables.

El protocolo antiamenazas

A partir del análisis de la situación en diferentes instituciones educativas, el gobierno santafesino armó un protocolo de recupero y resarcimiento de gastos y daños ocasionados al Estado provincial. La normativa se refiere específicamente a los hechos de violencia, amenazas y conductas de riesgo en ámbitos escolares y espacios de socialización juvenil.

La resolución establece siete pasos para el cobro a quienes afrontan denuncias de intimidación pública u otros delitos similares. En primer lugar, el Ministerio Públlico de la Acusación (MPA) debe identificar a los autores, partícipes y adultos responsables en cada causa penal.

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Una vez que la provincia recibe las direcciones y números de teléfono de las personas involucradas, la Secretaría de Coodinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad se ocupa del cálculo de los costos operativos del servicio. Esto implica armar un legajo o expediente para cada hecho. Allí se incluyen los informes técnicos, constancias de intervención de las fuerzas de seguridad y cartas de incidencias del 911, entre otros elementos que además pueden ser empleados como prueba judicial.

Para completar el registro, el Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe determina cuáles fueron los recursos humanos y materiales afectados a cada procedimiento. Entre otras cuestiones, esta división se encarga de señalar si el operativo fue de baja, media o alta intensidad. También varía el resultado final si interviene la Brigada de Explosivos, la Policía de Investigaciones (PDI), los bomberos o cualquier otra fuerza especial.

Por último, la Subsecretaría de Legal y Técnica de la cartera de Justicia y Seguridad confecciona una intimación de pago con un plazo improrrogable de cinco días. En ese plazo, los autores o sus adultos responsables deben pagar el costo de los procedimientos mediante un depósito o transferencia bancaria. Asimismo, la provincia se reserva el derecho de hacer un reclamo posterior por mayores gastos o daños ocasionados.

En cuanto a la vía del reclamo, el protocolo indica que la propia Policía es la encargada de notificar a los acusados. Si el gobierno no cobra, la Fiscalía de Estado queda habilitada para iniciar acciones judiciales por el incumplimiento.