“La universidad pública es un valor democrático irrenunciable”, afirmó el catedrático de derecho penal al referirse a los recientes ataques a las universidades estatales por parte de la administración libertaria
Manes reflexionó sobre la importancia de los principios del derecho penal liberal como límites frente a los abusos del poder estatal, y compartió la preocupación de los profesores argentinos
Vittorio Manes, abogado, catedrático de la Universidad de Bolonia y vicepresidente de la Asociación Italiana de Profesores de Derecho Penal, visitó recientemente Santa Fe invitado por la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal. Fue uno de los conferencistas principales junto con Raul Zaffaroni y Daniel Erbetta en el XXIII Encuentro de la entidad, celebrado los días 7 y 8 de noviembre en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe.
Durante el congreso, los penalistas de todo el país conmemoraron el aniversario de la reforma constitucional de 1994 y se manifestaron en defensa de la universidad pública (ver aparte declaración. En ese contexto, Manes reflexionó sobre la importancia de los principios del derecho penal liberal como límites frente a los abusos del poder estatal, y compartió la preocupación de los profesores argentinos. En este marco, mantuvo un diálogo con este medio.
-Sabemos que su intervención en el encuentro de la AAPDP se centró en los principios del derecho penal liberal, ¿qué sentido tiene la Constitución para las garantías penales de todos los ciudadanos?
-En mi conferencia, recorrí la historia del derecho penal constitucional y evidencié aspectos de crisis que podrían ser irreversibles para este paradigma. Concluí que enfrentamos un gran problema cultural y que tenemos la responsabilidad, como comunidad política y academica, de resguardar los principios y valores constitucionales, así como las conquistas obtenidas en el camino de la civilización del derecho. Los penalistas argentinos e italianos estamos unidos por estos valores y debemos empeñarmos en trabajar juntos para su salvaguarda.
-La entidad de profesores se manifestó durante el congreso en defensa de la universidad pública, enfocándose en la gratuidad, equidad e igualdad de oportunidades en el derecho a la educación. ¿Comparte esta declaración?
-Absolutamente. La declaración de mis colegas argentinos cuenta con todo mi apoyo. La universidad pública es un valor irrenunciable para una sociedad democrática: la universidad es pública o no es.
-Sin embargo, el presidente de la Nación ha vetado recientemente la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Qué opina al respecto?
-Es muy grave esta situación, porque está claro que una institución privada de recursos está destinada a desaparecer. El presupuesto de las universidades públicas para la investigación académica debe aumentar, no disminuir, en un estado que busca la competitividad. Un país que no invierte en investigación está condenado a estancarse y a deteriorarse cultural y económicamente.
-El presidente de la Nación afirma que la universidad pública se convierte en un adoctrinamiento de masas. ¿Qué responde a eso?
-Encuentro sorprendete esta posición porque la universidad es reina del pensamiento libre. Son, sobre todo, libres los estudiantes quienes reciben el estímulo a partir del estudio, desarrollando una capacidad crítica que les permite elaborar, reelaborar, disentir, manifestar y contestar la idea con la misma fuerza de la idea. Esto es la esencia de la democracia: la libre circulación de las ideas. Después, es evidente que todo docente puede tener sus propios ideas, incluso políticas. En la universidad no se enseña, se profesa, profiteor significa comunicar un credo personal y esta particularidad de la enseñanza esta prevista en la Constitución Nacional.
Hace casi un cuarto de siglo en el paraninfo de la UNL, nacía el nucleamiento de profesores de todas las universidades argentinas en defensa de la enseñanza e investigación de las disciplinas penales. Días pasados, en contexto del 30 aniversario de la última reforma constitucional, suscribieron la siguiente proclama sus autoridades y demás integrantes.
Alejandro W. Slokar (presidente AAPDP/UBA/UNLP), E. Raul Zaffaroni (UBA), Daniel Erbetta (UNR), Daniel Domínguez Henain (UNNE); Ricardo Alvarez (UNL); Coque García (UNL); Matilde Bruera (UNR); Alicia Freidenberg (UNT) y Daniel Rafecas (UBA); entre otros.
Las declaraciones de personas de su entorno permitieron señalar a Cristian López, acusado por los crímenes del arquitecto Joaquín Pérez y del comisionista Ariel Simoncini. Afronta un pedido de prisión perpetua por ambos hechos.
Por Nicolás Maggi
