Entre las tantas enseñanzas que nos ha dejado este cuarto de siglo de democracia que en 2008 celebramos se debe destacar la creciente conciencia en nuestra sociedad de la trascendencia que supone un Poder Judicial independiente y eficiente. También, que para que este ideal republicano se mantenga en el tiempo hay que trabajar todos los días con el objetivo de cumplir el mandato constitucional de afianzar la Justicia, lo cual no es otra cosa que bregar por un mejor servicio de Justicia.

Se trata de una tarea apasionante pero también compleja. No es sencillo optimizar el Poder Judicial cuando la litigiosidad avanza a un ritmo frenético, obligando a los magistrados a pronunciarse por un sinnúmero de cuestiones que antes ni siquiera llegaban a los Tribunales. A los hechos me remito: en este año que fenece, los jueces rosarinos debieron analizar y decidir sobre un tema de extrema complejidad –y que compete a varias ciencias, además del Derecho– como es la distribución en los efectores públicos de la denominada "píldora del día después", desmenuzando sus propiedades farmacológicas y las consecuencias bioéticas de su utilización; mientras tanto, otro magistrado tuvo que intervenir para que una mujer pudiera asistir al velatorio de su madre; y los jueces de Familia debieron afrontar una verdadera catarata de presentaciones por violencia familiar, un fenómeno que no es nuevo, pero sí lo es que la gente denuncie hechos que antes silenciaba. Desde lo más complejo y novedoso hasta lo más cotidiano pasa hoy por los Tribunales. Nuestra ciudadanía, consciente como nunca antes de sus derechos, reclama a los jueces que se hagan respetar esos derechos, lo cual merece celebrarse como un paso adelante de nuestro sistema democrático. Pero debemos tener presente que esta situación ha llevado a los jueces a constituirse en ingenieros sociales que deben actuar sobre una muy variada y compleja problemática. Y, además, deben hacerlo con una actitud nueva, descendiendo al conflicto todos los días asumiendo un rol mucho más dinámico. Y este "descender" a tantos y tan variados conflictos ha permitido ampliar día a día el ángulo de la mirada de la sociedad hacia la labor de los jueces. Por impotencia de la sociedad civil y política muchos de esos conflictos que antes se resolvían fuera de los edificios de Justicia hoy recalan en el Poder Judicial.

Este panorama de enorme litigiosidad, que puede incluso ampliarse si la crisis internacional que ya nos golpea se mantiene en el tiempo, nos presenta un diario desafío para quienes pretendemos cumplir aquel mandato de afianzar la Justicia. Sin embargo, en nuestra provincia hemos demostrado que hacemos frente al desafío. Desde la puesta en marcha del Plan Estratégico para la Justicia Santafesina, prácticamente todos los sectores vinculados al servicio de Justicia, así como todo el arco político provincial, hemos dado pasos firmes para modernizar la Justicia. El Poder Judicial aguarda que se continúen dando pasos hacia la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que revolucionará el sistema de juzgamiento penal, al que deberá sumarse la creación de la Policía Científica, dependiente del Poder Judicial, un viejo anhelo de todos los jueces penales y de los auxiliares de la Justicia. Mientras los demás instrumentos procesales se debaten en la Legislatura, esperamos una pronta sanción de la ley de mediación, que puede constituirse en una herramienta trascendente para aliviar aquella extrema litigiosidad de la que hablamos, aportando a un cambio en la tradicional cultura pleitera de nuestro sistema y devolviendo un papel activo y responsable al ciudadano para que, en un marco de diálogo con la otra parte, resuelvan sus conflictos sin intervención obligada del juez.

La informática es hoy por hoy una auxiliar imprescindible de la Justicia, en especial para agilizar todo el sistema de gestión. En Santa Fe hemos marcado rumbos en cuanto a la aplicación de la firma digital en los trámites internos de los Tribunales, a punto tal que el organismo del gobierno nacional encargado de otorgar los permisos para la instalación de este recurso informático (Onti) admitió que más del 40 por ciento de las licencias admitidas corresponden a la Justicia santafesina. Ya marchamos hacia la eliminación del tradicional papeleo de los juzgados y la consecuente implementación del expediente digital gracias a un importante acuerdo con el Banco Mundial que nos provee los fondos para que en dos años tengamos un nuevo sistema informático que pondrá en red a todos los tribunales santafesinos.

El permanente diálogo que mantenemos con los demás poderes del Estado nos ha permitido incluir en el presupuesto original la creación de nuevos juzgados en todo el territorio provincial, así como los 343 cargos necesarios para cubrir las necesidades más apremiantes. Con el mismo objetivo de mejorar el servicio de Justicia, se está ampliando el edificio de los Tribunales rosarino, manteniendo la idea de que todos los fueros funcionen en un mismo lugar, al menos hasta que se construya la nueva sede del fuero penal. Están en marcha edificios nuevos en varias localidades (como Villa Constitución) y remodelaciones en otras sedes para albergar los órganos jurisdiccionales que se crearán.

Como complemento fundamental de este plan de nueva infraestructura judicial hemos planificado un ambicioso programa de capacitación para todos los integrantes del Poder Judicial, que deben contar con instrumentos que les permitan adaptarse a estos nuevos tiempos que exigen un nuevo tipo de juez en virtud de los nuevos derechos y disímiles reclamos de la sociedad. Gestión y capacitación son dos pilares de nuestra política con miras a un 2009 que alumbrará con seguridad nuevas exigencias.

Estos nuevos desafíos incluyen por supuesto a los máximos órganos jurisdiccionales de la Nación y de las provincias. La interpretación de la Constitución y la aplicación de los tratados internacionales que la Argentina ha suscripto obligan a los tribunales superiores a un papel más activo, marcando rumbos jurisdiccionales ante el surgimiento y afianzamiento de nuevos derechos y nuevas garantías. La tan necesaria seguridad jurídica, pilar del desarrollo sustentable de cualquier comunidad, requiere de tribunales ágiles y coherentes en sus argumentaciones jurídicas. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tribunales Internacionales a los que estamos obligados en virtud de aquellos tratados firmados por nuestro país marcan un rumbo, las Cortes provinciales tienen su cuota de responsabilidad en cuanto a la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos; y quizás una de las tareas más difíciles esté en resolver aquellos casos que se presentan –como por ejemplo en materia de seguridad– como "colisionando" derechos que tienen su morada en la Constitución, tales como el respeto a un debido proceso legal para el imputado y la protección de los derechos fundamentales de la víctima, que es el rostro visible de la inseguridad. No puede concebirse que el constituyente haya consagrado esos derechos para que se enfrenten y autodestruyan, sino para que convivan y ambos deben respetarse.

Este proceso de modernización del Poder Judicial, por momentos duro y complejo, se hace mientras a la par todos los magistrados de la provincia ponen el máximo de su tiempo y esfuerzo cada día para mantener sus dependencias funcionando y dando permanentes respuestas a la comunidad. En este sentido, nos preocupa la cantidad de vacantes que por diversos motivos se han generado en todos los fueros y en todos los tribunales, lo que obliga a los magistrados activos a multiplicar sus tareas para reemplazar a aquellos que se han retirado y a la espera de que se cubran esas vacantes. Es necesario señalar que seguiremos brindando nuestro aporte para que esas vacantes sean cubiertas y también que no podríamos avanzar en todos estos proyectos si no contáramos con un material humano que brinda estas permanentes muestras de colaboración aún en las circunstancias más complicadas. A ellos mi reconocimiento, porque con jueces así dispuestos está garantizado nuestro objetivo de afianzar la Justicia.

(*) Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe