El gobierno santafesino y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) están cerca de firmar un convenio para restablecer el flujo de fondos nacionales destinados a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia. El acuerdo, que podría rubricarse la semana que viene, asegura el pago de $ 120 mil millones en cuotas mensuales de $ 10 mil millones desde mayo. En paralelo, abre un período de “conciliación” por el stock adeudado entre 2022 y 2025. Si hay acuerdo por el monto a cancelar se discutirán formas de pago, que incluirían como opción el régimen de extinción de obligaciones recíprocas que puso en marcha la Nación a fines de 2024.

Las avanzadas negociaciones apuntan a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024. De llegar todo a buen puerto, los pagos se realizarían entre mayo de 2026 y el mismo mes de 2027, a modo de anticipo, y sujetos a ajustes resultantes de la auditoría que se realiza sobre el ejercicio actual.

Los $ 10 mil millones que se recibirían duplican la oferta que la Nación realizó el año pasado en una audiencia de conciliación convocada por la Corte suprema. También equivalen al triple del monto actualizado que se recibía mensualmente durante el gobierno de Alberto Fernández.

El stock de deuda

Según trascendió, el acuerdo también avanzaría en un compromiso para cuantificar la deuda acumulada por los fondos no transferidos entre 2022 y 2025. Para ello, ambas jurisdicciones prometen “colaborar” para establecer un “ resultado definitivo” luego de que la Ansés realice la simulación correspondiente a la armonización de los sistemas jubilatorios nacional y provincial. Esto involucra una serie de criterios, como la edad de retiro en cada uno de esos ámbitos.

Este monto a consolidar es el stock de deuda previsional. Hay estimaciones que lo ubican en $ 2 billones aunque en la provincia evitan dar números precisamente porque el reclamo está judicializado.

Es que, tras agotar la instancia administrativa por los incumplimientos de la Nación, el Estado provincial presentó a fines de 2023 una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.

Herencia de los 90

La obligación nacional de financiar el déficit de la Caja nació con los pactos federales de la década del 90, cuando la mayoría de las provincias transfirió sus regímenes jubilatorios a la Nación. Hubo trece que no lo hicieron, entre ellas Santa Fe. Como en el marco de esa serie de acuerdos los distritos resignaron recursos, la contrapartida fue el compromiso de cubrir parte del rojo de esos organismos.

En la llamada ley de reparación histórica sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri las provincias lograron introducir artículos para reafirmar esta obligación, de la misma forma que lo hicieron en distintos presupuestos nacionales. Lo que debe hacer Nación por este marco normativo es transferir antes del día 20 de cada mes, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas.

Los incumplimientos y las controversias en torno de este compromiso fueron recurrentes a lo largo de los años. Cuando el reclamo judicial de Santa Fe comenzaba carretear en el máximo tribunal de Justicia, el gobierno de Javier Milei firmó el decreto 280 que directamente interrumpió esas transferencias. En agosto de 2024 el gobernador Maximiliano Pullaro sumó una demanda contra esa medida.

Primeras ofertas

En junio del año pasado, el gobernador y sus antecesores Omar Perotti y Antonio Bonfatti fueron juntos a la Corte para pedir que determine el monto de la deuda previsional. Pocos días después se realizó una audiencia de conciliación que fracasó porque Santa Fe consideró insuficiente la oferta que hizo Nación, de girar u$s 5.000 millones por mes durante seis meses.

Meses antes, Córdoba había llegado a un acuerdo con Ansés en un conflicto de características similares, aunque en ese caso fue parte de un proceso de negociación política más amplia. Ese acercamiento incluyó la incorporación de la provincia mediterránea al régimen de extinción recíproca de deudas.

El gobierno santafesino se mostró en su momento refractario a adherirse a ese sistema de compensación o pago en especies que puso en marcha el gobierno de Javier Milei porque el Estado provincial es netamente acreedor de la Nación y porque no quería comprometer la marcha del reclamo ante la Corte.

Compensación de deudas

El borrador del convenio que se viene negociando prevé la opción de cancelar parte de los montos resultantes de la consolidación de los ejercicios pendientes (2022 a 2025) mediante los mecanismos previstos del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (Reor). Como Santa Fe no tiene deuda con Nación, el canje debería ser con bienes. De todos modos, primero hay que de ponerse de acuerdo en el monto adeudado y luego evaluar distintas alternativas de pago.

Mientras, se suspenderían también por 180 días, prorrogable por idéntico período, los plazos procesales que se encuentran corriendo en los juicios, que no se levantan.