Un nuevo pedido de juicio político contra el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso preventivo de Vicentin, fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Esta vez, el foco está puesto en las gestiones que realizó el magistrado en los tribunales de Justicia penal de Rosario tendientes a flexibilizar las medidas cautelares que impiden disponer de activos de la agroexportadora.

La presentación fue realizada el viernes por el abogado Gustavo Feldman y el apoderado de la empresa Commodities, uno de los principales acreedores de Vicentin, Guillermo Casanova. En la medida se pide la suspensión y separación de Lorenzini por “ignorancia manifiesta del derecho, incumplimiento de las obligaciones a su cargo y comisión de delitos dolosos”. Se le imputa un “severo apartamiento de la ética” que deben tener los magistrados.

El nudo de este pedido de enjuiciamiento tiene que ver con las gestiones que realizó entre los día 29 de mayo y 2 de junio pasado para comunicarse desde su Juzgado con los jueces penales de Rosario Hernán Postma y Nicolás Foppiani, y con el fiscal de Delitos Complejos Miguel Moreno. Todos funcionarios judiciales que intervienen o intervinieron en la causa penal por defraudación y estafa que se lleva adelante en los tribunales rosarinos contra los ex directivos de Vicentin.

El fiscal lleva adelante la investigación y los magistrados dictaminaron a favor de medidas cautelares que impidieron la disposición de activos de la concursada mientras se sustancia el juicio penal. Los embargos sobre bienes claves, como las acciones de la agroexportadora en Renova, son impedimentos serios para que prospere la propuesta de pago a los acreedores que presentó la empresa en el juzgado de Lorenzini, en Reconquista.

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Es que la oferta de pago, que fue impugnada por “abusiva” desde un conjunto de grandes acreedores, tiene como elemento sustancial el traspaso de estos activos a un grupo de cerealeras presentadas como “socios estratégicos”.

El caso es que Feldman denunció en su escrito que desde el Juzgado de Lorenzini se realizaron llamados al Centro del Justicia Penal para comunicarse con los jueces Postma y Foppiani. Algunos de esos llamados fueron realizados por el propio juez de Reconquista. También hubo llamados por parte de alguien que se presentó como prosecretario del juzgado de la ciudad del norte santafesino, para tomar contacto con Moreno.

El registro de esas gestiones, que resultaron en que se fijara una reunión en el Centro de Justicia Penal, fue aportado como prueba en la presentación realizada el viernes por el letrado. Allí denunció que la intención de Lorenzini fue interceder para que se morigeraran las cautelares. “Quien debería ser ordenador del proceso concursal asumió un rol activo como interlocutor de la concursada”, señaló. Y agregó que, de esta forma, “quebrantó el código de ética e lo magistrados mediante acciones que rayan lo delictivo”.

Feldman ya había presentado el año pasado un pedido de jury contra Lorenzini por considerar que manejó el concurso preventivo en base a conductas procesales que siempre fueron “a favor” de la agroexportadora.

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En este nuevo pedido recuerda esos cuestionamientos, como la apertura del concurso sin contar con los balances de Vicentin, el rechazo “exprés” de los planteos de competencia jurisdiccional, la restitución de los directores de Vicentin en sus cargos luego de que fuera dispuesta la intervención nacional, la neutralización de un planteo de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe para que se considerara a la concursada como un grupo económico y la decisión de dar tratamiento a “una propuesta concursal violatoria del principio de igualdad de los acreedores”.

Esta denuncia se extiende a su empecinamiento en seguir considerando la propuesta de Vicentin pese a la investigación penal, las cautelares dictadas por juzgados provinciales y federales y los planteos de los principales acreedores. En ese punto, el abogado sumó el “tratamiento sui generis” que otorgó recientemente a las impugnaciones presentadas en el marco del concurso.

“En un Estado de Derecho la función constitucional de administrar justicia es crucial. La circunstancia de suspender y destituir un juez es dramática y extrema. La conducta de Lorenzini no deja lugar a otra tesitura. Si los organos de investigación y control no actúan ante tamaña inconducta judicial estamos al filo de la complicidad o el encubrimiento. Lo de Lorenzini no se vio nunca en la historia judicial de Santa Fe”, dijo.