Vicentin. La empresa defaulteó a fines de 2019 por u$s 1.500 millones.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Reconquista Fe rechazó las medidas cautelares interpuestas contra Vicentin tendientes a impugnar la propuesta de acuerdo preventivo y, de esa manera, le dio el aval a la compañía agroexportadora concursada para que continúe con el proceso de homologación del mismo con sus acreedores.
Los tres jueces que conforman la Cámara, Santiago Dalla Fontana, Mauricio Sánchez y Alejandro Román, resolvieron de esa manera los recursos interpuestos contra la resolución dictada por el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que había rechazado el pedido de la compañía de homologar el acuerdo en el marco del concurso preventivo.
De esta manera, la Cámara echa por tierra con los reclamos efectuados tanto por el Banco Nación Argentina (BNA) en su carácter de acreedor privilegiado, como de la firma Commodities SA, que planteó no sólo este recurso sino que además recurrió a la Justicia Penal para poner en el banquillo de los acusados a los directivos de Vicentin.
En su escrito, la Cámara resolvió “tener al Banco Nación Argentina por desistido de los recursos interpuestos”, desestimar los recursos de nulidad; hacer lugar al recurso de apelación de Vicentin SAIC y rechazar el de Commodities SA” y en consecuencia, “revocar la sentencia de alzada y homologar el acuerdo preventivo obtenido con las mayorías de ley (arts. 45,52,56 y cc. de la LCQ”, detalló el dictamen.
Por otra parte, “disponer que el a-quo deberá requerir por las vías correspondientes el levantamiento de las medidas cautelares que afecten el cumplimiento del acuerdo homologado, todo según fundamentos; e imponer las costas de esta instancia a Commodites SA”.
Además, el escrito establece “regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la alzada en el 50% de lo que corresponda por la actuación profesional en el incidente de impugnación en la instancia de grado”.
De esta manera, la Cámara desestima un conjunto de impugnaciones sobre el concurso de la compañía, los cuales no sólo objetaban la pérdida que la oferta representaba para los acreedores, sino además ponían en la mira las acciones que se llevaron adelante por parte de los directivos de Vicentin para llegar a esta instancia, al considerar que no se trató de una situación de crisis sino de "una estafa". Por esa razón también recurrieron a la Justicia Penal de Rosario, donde se tramita una causa contra integrantes del directorio de la firma.
"En pleno éxtasis de la impunidad del poder económico, la verdadera casta gana en Santa Fe, Argentina y el mundo", dijo el legislador provincial del FAS, Carlos del Frade, uno de los integrantes de la hoy disuelta comisión de seguimiento de la causa Vicentin en la Legislatura santafesina.
"La síntesis y fugaducto del macrismo no solamente se convirtió en una de las más grandes estafas de la historia nacional si no también en un símbolo de la resignación de los grandes partidos políticos ante las grandes empresas", agregó al considerar el fallo como una claudicación en la búsqueda de justicia.
Todo se remonta a septiembre de 2023 cuando el juez Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de la agroexportadora, rechazó el pedido de homologación del acuerdo de pago propuesto por la cerealera y abrió el cram down, un mecanismo por el cual distintos oferentes podrán presentar propuestas de salvataje de la compañía.
El cram down está contemplado en la ley de concursos y quiebra y permite incluso que la propia concursada presente un plan. Aunque el Banco Nación y un nucleamiento de más de 70 acreedores comerciales de la empresa mostraron en su momento interés por el avance de este mecanismo de rescate con continuidad de la empresa, este nunca llegó a avanzar. Esto sucedió en medio de un año electoral donde el foco estaba puesto en el curso de la macroeconomía.
Vicentin, que supo ser la principal agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en febrero de 2020 pidió su concurso preventivo con créditos verificados por casi u$s 1.500 millones. Más de cuarenta meses después, Lorenzini cerró ese proceso con la resolución por la que se niega a homologar el acuerdo presentado por la empresa para salir de la convocatoria.
De hecho, en esa misma resolución rechazó las impugnaciones a la propuesta que habían presentado el BNA, la Afip, Commodities, el Bapro y el Bice. Sin embargo, muchos de los argumentos de esos reclamos aparecieron en la decisión del magistrado. En ese momento Lorenzini argumentó que “el impedimento para homologar surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada”.
Ahora, la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe, desestima esa resolución de Lorenzini, pero también las impungaciones realizadas oportunamente por BNA y Commodities, e incluso le ordena a esta última compañía a hacerse cargo del pago de las costas de esta instancia.
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