El juez de primera instancia, Román Lanzón, que entiende en la causa penal contra los directivos de Vicentin, decidió no otorgar la prisión preventiva que el fiscal de delitos económicos Miguel Moreno había solicitado para Omar Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze, Alberto Macua y Miguel Vallazza y Daniel Buyatti argumentando que "el riesgo procesal existe pero no como para implementar medidas cautelares privativas de libertad". En cambio, el magistrado fijó una caución (fianza) de 10 millones de dólares para los seis imputados, el doble de lo que había ofrecido hoy la defensa, que deberán cubrir en el término de 15 días.
Por otra parte, el juez estableció la prohibición de salir del país también al resto de los directivos imputados: Roberto Vicentin, Pedro Vicentin, Sergio Vicentin, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Yanina Boschi, así como a Rodolfo Boschi y Robertino Boschi.
El magistrado entendió que la prisión preventiva como medida cautelar no correspondía para los hechos imputados que no eran actuales, sino que habían ocurrido meses atrás y no representaban un riesgo inminente.
Además, el magistrado le dio lugar al pedido de prescripción sobre la imputación del delito de balance falso, realizada por la defensa, en referencia a los ejercicios contables de los años 2017 y 2018.
De todos modos, aunque no queda firme esa imputación, el fiscal Moreno señaló que esa información forma parte del conjunto de pruebas en la investigación por estafa, ya que entiende que esos balances falsos, permitieron conformar ese presunto delito.
El fiscal al solicitar la prisión preventiva para los imputados lo hizo entendiendo no sólo el riesgo inminente de fuga, sino fundamentalmente el entorpecimiento de la investigación penal que los involucra. De todos modos, el juez entendió que no había riesgo inminente para privarlos de la libertad.
Aún así la Fiscalía se mostró conforme con la resolución, por un lado porque elevó al doble el ofrecimiento de caución de la defensa, y fundamentalmente porque el magistrado tomó en cuenta las pruebas aportadas para la investigación por estafa, como las últimas comunicaciones telefónicas y por mensajes, luego del default y en el transcurso del concurso, que comprometen a los directivos de Vicentin.
