Vicentin: piden prisión preventiva para cinco directivos de la empresa agroexportadora

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, pidió la prisión preventiva para los integrantes del directorio de Vicentin y accionistas Omar Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze, Alberto Macua y Miguel Vallazza, al tiempo que solicitó una tobillera electrónica para Daniel Buyatti, en el marco de la audiencia que se desarrollaba en el Centro de Justicia Penal, donde la Fiscalía imputó a 14 directivos por estafa y defraudación, entre otros delitos.

Por otra parte, el fiscal solicitó que el resto del directorio de la agroexportadora que entró en default por 1.500 millones de dólares en diciembre de 2019, no pueda salir del país .

En la audiencia de este jueves –que retomó las actividades que comenzaron el martes con las imputaciones– la defensa de los directivos de Vicentin, encabezada por Jorge Ilharrescondo, rechazó la imputación del fiscal y pidió la “prescripción en la investigación de la imputación de balances falsos en 2017 y 2018”.

También planteó que “la imputación es precaria y no se atribuyen niveles específicos de responsabilidades” y que además “hay incumplimientos contractuales pero no delitos criminalizables”.

De todos modos, Moreno solicitó la prisión preventiva para Scarel, Macua, Roberto y Javier Gazze, Vallazza y la imposición de una libertad morigerada con tobillera electrónica para Buyatti e insistió en que “ hubo un ardid de la compañía para engañar a los bancos y los proveedores”.

Por otra parte, el fiscal insistió en que el engaño se basaba en "falsear información y ocupar cargos de prestigio", citando el caso de Alberto Padoán (que no está imputado), quien se desempeñó como presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Gustavo Nardelli como precandidato a gobernador (en las elecciones de 2019) y además financiando la campaña de Mauricio Macri para lograr la fallida reelección.

Por otra parte, Moreno mostró un video institucional de noviembre de 2019 en el cual Vicentin señalaba que “estaba todo bien”, y de esa manera “captaba los servicios que ofrecen precios y plazos muy superiores a los de mercado”. Eso también le permitía, argumentó el fiscal, obtener financiamiento de los bancos.

Por otra parte, Moreno defendió el pedido de prisiones preventivas por delitos acumulativos que penas podrían llegar a un máximo de 50 años, ya que dijo “el daño a los denunciantes llega a 600 millones de dólares, pero el daño también se irradió a todo el sector productivo”, en alusión del impacto que tuvo la cesación de pagos en la cadena granaria, provocando serias complicaciones financieras en acopios, cooperativas y productores que trabajaban con Vicentin.

Justificó el pedido de prisión preventiva al considerar que si bien los directores de Vicentin se ajustaron a derecho y se presentaron a la audiencia, solamente lo hicieron “porque de este modo se pudo entorpecer la investigación”. También consideró que existe "peligro de fuga".

Una de las frases que más incomodó a la defensa fue la que utilizó el fiscal al referirse a los directores y su verificación de deudas en el concurso, una situación que en su momento generó malestar entre los acreedores granarios. Dijo que “son como el parricida que se presenta a la sucesión de su padre”.

Escuchas comprometedoras

El fiscal también dio a conocer un conjunto de escuchas , la mayoría de las cuales tiene como protagonista a Scarel, en las cuales –después del default y en medio del concurso– el directivo hace referencias a maniobras para acomodar presentaciones de documentación, entre ellas también falseo de datos sobre dinero encontrado en cajas de seguridad. Entre los nombres que aparecieron se destaca el ex titular de la Afip Rosario Carlos Vaudagna, sobre quien Scarell dijo que le iba a hacer firmar que eran de él los 200 mil dólares que le encontraron en una caja de seguridad de su hijo.

Además, Moreno presentó una escucha de Scarel con un abogado al que según alegó entre gallos y medianoche le quería hacer firmar un recurso por el concurso de acreedores, con fecha 25 de febrero de 2021, es decir, posterior a la apertura del mismo. También las escuchas mencionaron al juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso y su actuación.

En otra de las escuchas se mencionó a Gustavo Shanahan, ex titular de Terminal Puerto Rosario (TPR), recientemente detenido por lavado de activos para el narcotráfico. Allí Scarel negocia con la forma de encuadrar el monto de la compra de TPR porque la documentación no cerraba.

El fiscal también presentó otra escucha en la que participa Macua y una cadena de mails, en la que se suman los hermanos Gazze para ver cómo justificar el movimiento de los fondos de la venta de Renova que se han llevado al extranjero.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio breve, y en pocos minutos comenzará la declaración de la querella y luego será el turno del juez Román Lanzón, quien deberá decidir sobre los pedidos realizados por el fiscal.