Una de las causas por estafas financieras que sacudieron a Rosario en los últimos dos años quedó a un paso del juicio oral. Se trata del expediente que tiene como principal acusado al financista Luis Herrera, titular de ALyC Fernández Soljan S.A., para quien el fiscal Sebastián Narvaja pidió 13 años de prisión efectiva. En la misma presentación reclamó además 9 años de cárcel para su hijo Ignacio, 5 para Diego Herrera y otros 5 para su esposa, Marcela Beatriz Fernández. El planteo incluye también la inhabilitación comercial de todo el grupo familiar.

La acusación fue presentada de manera parcial y con carácter urgente, ya que vencían los plazos de la prisión preventiva dictada contra Herrera y sus hijos. A lo largo de la investigación, la Fiscalía concluyó que desde la firma Fernández Soljan S.A., habilitada como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), se montó una estructura destinada a captar ahorros de antiguos y nuevos inversores. Según la maniobra atribuida, se ofrecía sacar el dinero del país con la promesa de colocarlo en operaciones del Chicago Board of Trade.

Sin embargo, para los fiscales los fondos no eran destinados a esas inversiones, sino desviados hacia otros fines o integrados a un esquema con características piramidales. De acuerdo con la acusación, para sostener esa operatoria se entregaban resúmenes de cuenta falsos, liquidaciones periódicas apócrifas enviadas desde correos institucionales y documentación que simulaba operaciones reales en mercados internacionales. Los fiscales sostuvieron además que este tramo de la causa constituye una plataforma acusatoria autosuficiente para avanzar hacia un juicio oral en un plazo razonable, aunque aclararon que la investigación sigue abierta y podría sumar nuevos hechos.

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En noviembre de 2022, el financista Luis Herrera fue imputado junto con su esposa, Marcela Beatriz Fernández, y sus hijos Diego e Ignacio por asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. Aunque los tres hombres estuvieron cerca de recuperar la libertad, finalmente continuarán bajo prisión preventiva hasta abril.

La investigación había sido iniciada por Miguel Moreno, entonces fiscal de la Unidad Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y hoy camarista, quien calculó un perjuicio económico cercano a los 30 millones de dólares. Tras varios vaivenes a lo largo de estos cuatro años, la causa había encaminado una salida a través de un juicio abreviado para Herrera y sus hijos, con el objetivo de fijar condenas y avanzar en resarcimientos económicos. Sin embargo, ese acuerdo terminó por caerse.

Según el expediente, hay 85 damnificados y se abrieron 58 carpetas judiciales. La querella sostuvo en su momento que los inversores fueron víctimas de una estafa y de una administración fraudulenta de los fondos que habían confiado.

La defensa de Herrera planteó, en cambio, que se trató de un incumplimiento derivado de la alteración de las variables económicas y de una situación de “estrés financiero”.

Para la acusación, los imputados utilizaron la agencia de Bolsa familiar Fernández Soljan S.A. para montar, al menos desde 2017, una maniobra defraudatoria con rasgos de esquema piramidal que provocó un grave perjuicio patrimonial.

Con ese cuadro, y con todos los acusados presos salvo Marcela Beatriz Fernández, la causa quedó encaminada hacia un juicio oral que aparece cada vez más próximo.