Tras la estruendosa caída de la ley Bases, Javier Milei está frente a la posibilidad de un doble blanqueo. En ambos, el PRO es su principal socio. Uno es el reconocimiento de su debilidad, pese a su robusta legitimidad de origen, y que podría derivar en un nuevo formato del oficialismo. El otro, que la forma de hacer política del presidente, siempre al filo o más allá del reglamento, sea incorporada al listado de prácticas normales de la democracia argentina.

El posible reseteo del gobierno es producto de la necesidad y la urgencia. El hundimiento de la ley ómnibus en el mar picado de Diputados puso al presidente ante su primera, y prematura, crisis política.

No tanto porque los números no le hayan alcanzado a un oficialismo que cuenta con sólo 38 diputados sobre 257. Sino por cómo llegó al momento decisivo, y cómo procesó el pulgar abajo de sectores de la oposición colaboracionista que estaban dispuestos a acompañar varias de las reformas que contenía el proyecto.

El accidentado recorrido de la ley ómnibus en el Congreso mostró los límites del manual con el que operó Milei en sus primeros dos meses de gobierno.

El maximalismo, las dificultades para distinguir lo urgente, lo importante y lo secundario, la intransigencia, el amateurismo, negociadores reducidos al papel de cadetes y la agresión sistemática a sus potenciales aliados sólo podían desembocar en el fracaso de la ley Bases.

Tan cierto es que el desguace en vivo y en directo de la ley ómnibus le sirvió a Milei como excusa para levantar campamento, replegarse en su zona de confort comunicacional y jugar a la casta versus el pueblo como que a ningún presidente le gusta ver naufragar a la iniciativa legislativa que transporta buena parte de la carga ideológica de su gestión.

Milei se confió que la mayoría de 144 votos que le permitió aprobar en general la ley ómnibus estaba tallada en piedra. Que no había que pulirla con negociaciones sobre el resto del articulado y que la mera inercia del 56% del balotaje arrastraría al resto de la oposición excepto Unión por la Patria a acompañar su programa radical, que incluía una larga lista de desregulaciones y privatizaciones.

El paquete era tan drástico como incierto en cuanto a sus resultados que la UCR y un sector de Hacemos optaron por compartir provisoriamente trinchera con el peronismo, pese a la urticaria que genera esa imagen en su electorado, antes que darle a Milei la posibilidad de, por ejemplo, disolver el Conicet de un plumazo o liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o las empresas públicas.

Frente a ese escenario, Milei tenía al menos dos opciones. Una era desactivar el modo campaña, darse una ducha fría de realismo, ordenar la tropa, salir con una agenda propositiva más acorde a sus recursos políticos y lo que la sociedad puede avalar (y tolerar) y tratar de reconstruir los puentes que detonó con la oposición cooperativa.

En lugar de eso, el presidente se entregó a la furia contra gobernadores y diputados señalados por traidores y enemigos del pueblo, más lejos del ideario de la libertad que de los juicios de Moscú que impulsó el estalinismo en la Unión Soviética en la década del ‘30.

En ese estado de emoción violenta el gobierno anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior, una vendetta política hacia los gobernadores y que apunta a asfixiarlos económicamente pero que curiosamente pasa la motosierra por la propia base electoral del oficialismo.

Entre varios ingredientes —como el rechazo a la dirigencia política, al peronismo y al progresismo, y el acompañamiento a una fuerza pro mercado— el voto a Milei contuvo un fuerte componente de impugnación federal al dominio de las Buenos Aires y que se prolongó durante dos décadas.

Montado sobre el descrédito real de la oferta política, Milei podría estar sobreestimando a la herencia como justificativo —que tiene rendimientos decrecientes a medida que pasa el tiempo— y su capacidad para tercerizar costos hacia gobernadores e intendentes, con la misma legitimidad popular que él.

En la poda a los subsidios se suma un elemento que torna aún más riesgosa la jugada. En Brasil, Chile, Perú y Colombia la suba del transporte gatilló una ola de protestas que hizo tambalear a los gobiernos.

Uno de los blancos principales de la furia libertaria fue Maximiliano Pullaro. Con sus retuits y me gusta el presidente avaló e hizo propias acusaciones gravísimas contra el gobernador santafesino, que rompen con normas elementales de la convivencia democrática.

En Casa Rosada están convencidos de que Pullaro en tándem con el cordobés Martín Llaryora fueron los caciques de la revuelta contra la ley Bases y que buscan ganar espacio en la cartelera nacional de cara a 2027. “Hay una movida de posicionamiento”, interpretan.

“Milei se equivoca de adversario. En lugar de confrontar con el kirchnerismo nos pega a nosotros”, se quejan en el entorno del gobernador, que contraatacó con distintas tácticas. Desplegó una guerra de guerrillas en redes sociales a través de cuentas informales, el secretario general de la provincia, Juan Cruz Cándido, planteó lo que Pullaro no puede decir por su rol y el gobernador se reservó una respuesta más institucional, con eje en la defensa de los intereses de la provincia.

Como un león herido en el mismo coliseo romano que visitó junto a su hermana Karina, Milei parece haber reconocido que no puede pelear solo contra tantos adversarios. En esa línea van las señales y gestos recíprocos de un acuerdo con el PRO, que podría pasar de la convergencia informal al armado de un interbloque y el ingreso de dirigentes amarillos en lugares clave. Incluso se habla de la fusión y el surgimiento de una nueva fuerza política.

En un intento de subirse el precio al acuerdo y que no sea una capitulación total, Milei aseguró que su amigo Guillermo Francos seguirá al frente del ministerio del Interior y que no están en discusión los cargos.

En el cálculo de costos y beneficios, Milei sacrificaría identidad anticasta, programa y lugares de poder a cambio de expertise política, anclaje territorial y volumen legislativo, confiabilidad hacia sectores del poder económico y una cuestión no menor: con la suma de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO da 75 diputados, lejos del quórum de 129 pero a sólo diez del tercio que se necesita para bloquear un pedido de juicio político.

Eso, siempre y cuando todos los diputados que entraron por LLA se mantengan dentro de la bancada. En el peronismo deslizan que si cristaliza el acuerdo con la fuerza que Mauricio Macri pretende presidir gobernadores peronistas (sobre todo del NOA) que tallaron fuerte en el armado de las listas libertarias podrían activar el plan que tenían pensado en un eventual triunfo de Sergio Massa y armar un espacio satélite a UxP con marca federal.

En paralelo a la purga por la que ya fueron expulsados el cordobés Osvaldo Giordano y la salteña Flavia Royón, y que podría tener nuevos nombres al regreso de la gira de Milei por Israel e Italia, se libra apenas por debajo de la superficie una disputa entre Macri y Patricia Bullrich por controlar los resortes en la nueva fase de una administración que apenas cubrió la primera línea de cargos pero todavía tiene vacantes en lugares sensibles para la gestión, como las delegaciones locales de la Anses y el Pami.

Sin embargo, además de alumbrar un nuevo espacio de derecha, el pacto entre LLA y el PRO podría dejar marcas más duraderas en la política argentina. Tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro perdieron por escaso margen ante coaliciones amplísimas pero su agresividad hacia sus opositores y las instituciones se replica tanto en la sociedad como en la superestructura política.

Con un sistema político todavía en ruinas tras el paso del huracán Milei, Argentina podría caer en un escenario endiablado para construir acuerdos: polarización (mayor distancia e intensidad ideológica) con fragmentación.

En este marco, un interrogante es cómo impactará en Santa Fe el entendimiento entre la centroderecha tradicional y la derecha radical si es que efectivamente se concreta.

En la provincia, el PRO integra Unidos, donde a la oposición abierta del PS hacia Milei se suma el endurecimiento anticipado y forzado por las circunstancias del radicalismo encabezado por Pullaro.

Sin intendentes entre las principales ciudades, con una sola diputada provincial, y con un espacio libertario que consiguió tres bancas en la Cámara de Diputados sólo por la tracción de Milei, no está claro que sea negocio para el PRO, donde conviven los espacios de la vicegobernadora Gisela Scaglia con el sector de los macristas Cristian Cunha y Federico Angelini, romper con una coalición de la que son socios fundadores y que podría ser hegemónica durante un período prolongado, por un armado atado a la suerte del plan con rasgos mesiánicos de Milei.

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Luego de la caída de la ley Bases, en los campamentos de UxP siguen de cerca los movimientos en LLA y el extinto Juntos por el Cambio para ver si se arma un espacio de centro con las palomas del PRO, sectores de la UCR espantados por Milei y el progresismo refractario al PJ o se vuelve a un esquema bipolar.

Todavía en estado asambleario y sin punto de acumulación política luego de la experiencia fallida del Frente de Todos, en el justicialismo celebraron que el martes se rompió el clivaje peronismo-antiperonismo. “No es una nueva mayoría pero logramos salir del aislamiento, más de 50 diputados votaron igual que nosotros”, remarca un integrante de la bancada.