La profundidad de la recesión provocada por la política económica del gobierno nacional comenzó a agitar las aguas en el ámbito de las gremiales empresarias. Desde los territorios filtra una preocupación a la primera línea de representación corporativa, que en muchos casos navega entre la adhesión y la contemplación del experimento que llevan adelante Javier Milei y Luis Caputo.

Desde el sector industrial, que cuenta caídas de dos dígitos en la actividad en los primeros meses del año, salieron los primeros pronunciamientos. Uno de los que más ruido hizo fue el de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), central representativa de un entramado productivo que incluye a seis mil empresas que emplean de forma directa a 140.000 trabajadores, y de forma indirecta a cerca de 350.000. Y que da vida “a cada una de las ciudades y pueblos del interior de la provincia”, según señaló en el duro documento difundido a mediados de marzo.

En un territorio en el que están paradas dos industrias emblemáticas, como Acindar y General Motors, los coqueteos de la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el gobierno nacional no terminan de ser comprendidos. El presidente de Fisfe, Javier Martín, pidió que la central que conduce Daniel Funes de Rioja tome “una postura firme en la defensa de los intereses de la industria”.

Las fábricas santafesinas no vienen del paraíso. La sequía y las dificultades relacionadas con la escasez de dólares le propinaron un áspero 2023. “Fue año muy duro”, recordó Martín. Pero también aclaró que en este primer trimestre la situación empeoró mucho. La devaluación “muy fuerte y en muy corto tiempo” disparó los precios y el retraso en los salarios “generó una caída muy brusca en la demanda del mercado interno”.

Román Guajardo, presidente de la Unión Industrial Región Rosario (Unirr), coincidió: “Desde finales del 2022 se venía resistiendo el nivel de actividad industrial, fundamentalmente por la vinculación que en la provincia tiene nuestro sector con el agrícola, donde la seguía impactó fuertemente”. Pero desde diciembre los indicadores “son durísimos, incluso comparados contra 2023, que fue malo”.

Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) viene recogiendo los lamentos de los empresarios que integran las distintas delegaciones de la entidad. “No hay quien que no considere que estos cien días fueron patéticos, más allá de que algunos prefieran pensar que esto puede a mejorar”, describió. Y advirtió: “La velocidad con la que se está derrumbando la actividad es inédita, vamos a un apagón del sistema productivo nacional”. La comparación con la pandemia es inevitable. Con la diferencia, en el caso actual, que la recesión “es inducida por el gobierno, para enfriar la economía”.

La estanflación fue casi una promesa de campaña, que se cumple a rajatabla. En la más benevolente de las miradas, es parte de un experimento natural destinado a validar viejas teorías económicas. “Si se quiere bajar la inflación por este camino, lo que está garantizado es que en el interín nos quedamos sin industrias, sin trabajo y sin mercado interno”, enfatizó el titular de Apyme.

Entre la V y la L

El nuevo relato oficialista es el de una recuperación en V. En tres meses, cien días o un semestre, según el interlocutor, la actividad económica resucitará de su ajuste expiatorio. Pero, si como teme Martín, de Fisfe, la recesión “se transforma en una L”, muchas empresas podrían entrar en “serias dificultades” y “va a ser difícil mantener los planteles”. Hoy los comerciantes están vendiendo stock y no reponen, dice Moreno, de Apyme, y agrega: “Están dándole tiempo a una agonía que tampoco da esperanzas en el horizonte”.

La entidad que preside impulsa un proyecto legislativo para declarar la emergencia mipyme. Uno de los puntos centrales es pedir algún tipo de asistencia para sostener los puestos de trabajo, al estilo de lo que fue el programa ATP en la pandemia, y herramientas para amortiguar el aumento de la energía.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) presentó hace días al gobierno nacional su propuesta para alentar el consumo y reducir los costos. Incluye un alivio de la carga tributaria, acceso al mercado de cambios y apuntalamiento del mercado interno. Uno de sus puntos reversiona la devolución del IVA a las compras pero acotado a las mipymes y sectores de menores ingresos.

Habrá que ver qué eco tiene en un gobierno que, contra lo que predica, subió la carga fiscal. El último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) indicó que la participación del Estado, vía impuestos, sobre la renta del productor agropecuario se elevó seis puntos, hasta el 65%. El desagregado es desalentador para la lógica con la cual el presidente impulsa una rebelión fiscal en las provincias. El 94% de esta captura es por tributos nacionales. Además, la economista Natalia Ariño enfatizó que el 67% de esos impuestos nacionales no se coparticipa.

La pelea federal tuvo un nuevo capítulo con la decisión de Milei de ajustar el torniquete a las transferencias que por ley debe hacer al interior para subsidiar el transporte urbano de pasajeros y el déficit de las Cajas jubilatorias no transferidas.

La mesa de enlace

Pero no fueron los gobernadores sino la mesa de enlace de agropecuaria mostró los dientes esta semana. Las gremiales rurales elevaron quejas varias y advirtieron sobre la difícil situación por la que atraviesan las economías regionales. De hecho, pidieron una reducción de las retenciones a la exportación. También rechazaron la importación de alimentos. La puja por los agrodólares se solapa con el impacto de distintas medidas sobre los segmentos del campo ligados a la producción de alimentos para el mercado interno, las economías regionales y las pymes. Una semana antes, la Federación Agraria había criticado la eliminación del instituto de agricultura familiar.

En el sindicalismo también hay mar de fondo. No hay grietas sobre la caracterización del gobierno nacional pero sí discusión sobre los tiempos e lucha. La nueva ola de despidos de trabajadores estatales alentó los reclamos de distintas organizaciones nacionales para que las centrales sindicales convoquen a un nuevo paro nacional. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) emitió un duro rechazo a la intervención oficiosa del gobierno para poner techo a las paritarias.

Y la UOM ya realizó tres paros para tratar de torcer la intransigencia empresaria en la negociación salarial de la rama siderúrgica. Habrá nuevas movilizaciones, a San Nicolás y Villa Constitución. En frente tienen al hombre fuerte de la siderurgia, de la UIA y también, en buena medida, del gobierno: Paolo Rocca. La pulseada parece fundacional y se da en un terreno embarrado por la caída de actividad. También los aceiteros están en alerta. Más allá de las redes, la calle está inquieta.