Los fiscales a cargo de la investigación de la saga de asesinatos de cuatro trabajadores de marzo pasado y los ataques a una comisaría y un colectivo del transporte urbano indicaron que los hechos estaban “claramente coordinados” entre sí y que entre los siete detenidos en el marco de 30 allanamientos la mañana de este martes se encuentran algunos de los considerados autores materiales e intelectuales de esos ataques que mantuvieron en estado de estupor y parálisis a al ciudad de Rosario.

“Están identificados, mencionados y detenidos muchos de los autores materiales y en muchos casos hubo que subir en la cadena de mando para llegar a la mayoría de los autores intelectuales, inclusive instigadores”, dijo el fiscal de la Unidad de Homicidios Adrián Spelta, secundado por su par Patricio Saldutti en un extremo de la larga mesa dispuesta en el salón Rodolfo Walsh de la sede de Gobernación en la que representantes de la provincia y Nación, con la presencia del intendente Pablo Javkin, brindaron un mensaje de unidad y coordinación en las tareas de investigación.

Si bien el entusiasmo de los funcionarios daba cuenta de un avance significativo en la pesquisa, los fiscales fueron prudentes y escuetos a la hora de brindar detalles, que decidieron reservar de cara a audiencia imputativa prevista para el próximo martes y para no entorpecer, según plantearon, medidas pendientes: “No vamos a poder brindar mucha información hasta la audiencia del martes para imputar con más precisión los roles”, dijo Spelta.

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“Los hechos que nos tocó investigar estaban claramente coordinados. Eso hizo que se reuniera un grupo de fiscales y nos llevó a un resultado favorable”, añadió el fiscal, y precisó que la mayoría de los implicados “ya formaban parte de organizaciones previas. Se trata de autores que tienen antecedentes y que ya venían cumpliendo roles delictivos, muchos de ellos desde sus lugares de detención”.

Si bien indicó que en los ataques intervino un grupo que se conformó con algunas personas en libertad y otras ya detenidas, dijo que “es apresurado hoy afirmar un móvil vinculado a un hecho concreto”. Lo que, por el momento, no permite situar los avances de la pesquisa más cerca o más lejos de la hipótesis del gobierno provincial, que liga los atentados a las restricciones que impuso la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro contra los presos de alto perfil.

En los más de 30 allanamientos realizados este martes en diferentes puntos de Rosario intervino personal de la Policía de Investigaciones y la Tropa de Operaciones Especiales fueron detenidas siete personas, entre ellas tres menores de edad, ligadas a los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero de la línea K Marcos Daloia, y del playero Bruno Bussanich. En la saga se incluyen la balacera a la comisaría 15ª y un ataque con arma a un colectivo de la línea 122. En un primer momento se indicó que los detenidos eran seis, luego se precisó que son siete personas, entre ellas dos mujeres.

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En ese contexto se hicieron requisas en cárceles provinciales y federales, aunque el fiscal Spelta planteó en la conferencia que no puede aseverar aún de dónde salieron las órdenes para cometer los ataques. “Permítanme ser prudente y esperar la audiencia para dar a conocer las vinculaciones entre todos los detenidos”, pidió el funcionario, quien sólo adelantó que la coordinación para cometer la serie de ataques se dio “en una secuencia de cuatro o cinco días”.

El fiscal Saldutti, en tanto, precisó que las se identificó el calibre y la pertenencia balística de las armas usadas en un total de diez hechos concatenados —en dos de los casos se usaron armas que pertenecían a la policía de Santa Fe— pero también reservó el detalle balístico como información a divulgar en la audiencia.

Antes de la exposición de los fiscales, la fiscal general Cecilia Vranicich resaltó el clima de colaboración y “madurez interinstitucional” en el trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia de Menores, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, “con el que hemos trabajado intensamente la semana pasada y hoy en requisas en establecimientos penitenciarios de la Nación”, dijo.

También consideró “importantes en esta instancia” los avances de la pesquisa, de la que se excusó de brindar más detalles: “Debemos ser prudentes en la información a transmitir. Como funcionarios públicos debemos darla a la ciudadanía toda, pero particularmente a los familiares de aquellas cuatro personas asesinadas mientras estaban haciendo su trabajo”.

En la misma línea el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Coccoccioni resaltó la coordinación entre distintos estamentos judiciales y de gobierno y dijo que “este no es un caso terminado. La prioridad número uno debe ser siempre preservar el éxito de la investigación y detener hasta el último de los autores y partícipes en estos hechos aberrantes, encarcelarlos cuando legalmente corresponda, desmantelar las organizaciones delictivas y desfinanciarlos incautándoles sus bienes”.