El gobierno de Santa Fe cuestionó este jueves la decisión de la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena, quien declaró nulo e inválido un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la modalidad de flagrancia virtual realizada por el sistema Lince, tras una balacera ocurrida el pasado 19 de junio en la zona sur de Rosario.

El episodio se produjo durante esa madrugada, cuando dos personas que se desplazaban en bicicleta salieron de un domicilio ubicado en España al 7000, llegaron hasta una vivienda de Entre Ríos al 6200 y efectuaron varios disparos contra el inmueble. Tras el ataque, regresaron al lugar desde el que habían partido.

Horas después, a partir del análisis integral de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia e integradas al sistema de inteligencia artificial Lince, herramienta que el gobierno provincial califica de clave en el plan de seguridad, la PDI reconstruyó el recorrido de los sospechosos y realizó un allanamiento bajo la figura de flagrancia virtual en el domicilio de España al 7000.

En ese marco fue aprehendido un adolescente de 17 años, que quedó a disposición de la Justicia de Menores. Luego, la jueza declaró nulo e inválido el procedimiento.

Al referirse al caso, la vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, advirtió que “una mirada garantista no puede estar por encima de las herramientas legales para combatir el delito”.

El sistema Lince

La vocera defendió la utilización de la flagrancia virtual y destacó que el avance tecnológico, especialmente la videovigilancia y el análisis automatizado de imágenes mediante el sistema Lince, permite aplicar herramientas contempladas en el Código Procesal Penal cuando un delito puede reconstruirse de manera inmediata.

"El trabajo de investigación llevó apenas 12 horas. Pudimos identificar a los implicados y detenerlos después de una balacera que pudo haber terminado con una persona asesinada", señaló. En ese sentido, cuestionó que la magistrada haya descartado la validez del procedimiento y planteó que “no sabemos si la jueza desconoce esta herramienta o decidió omitirla en su sentencia. Ese mismo sujeto mañana podría matar a alguien”.

Asimismo, sostuvo que “hay un gobernador que invierte millones en tecnología, patrulleros y en fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las fuerzas de seguridad, mientras una jueza, desde una mirada garantista, desconoce un procedimiento previsto en un protocolo vigente”.

En ese marco, lanzó una dura crítica a la resolución judicial: “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas”.

Finalmente, Coudannes afirmó que la decisión de la jueza “interpela medidas jurídicamente avaladas que forman parte de un plan de seguridad robusto”, cuyo objetivo es “garantizar la convivencia ciudadana”.