El diagnóstico que traza sobre Rosario el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, es crudo. “Hay que bajar con varios miles de agentes federales”, sostiene. Desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta siguen de cerca lo que sucede a 300 kilómetros de su distrito. “Estamos a tres horas, y estas organizaciones buscan nuevos destinos”, advierte.

En medio de una visita relámpago a la ciudad, donde se reunió con dirigentes de Juntos por el Cambio y empresarios, D’Alessandro mantuvo esta entrevista con La Capital, en la que reclamó articulación al gobierno nacional, sostuvo que no todos los problemas de seguridad se resuelven con la policía y se mostró a favor de abrir el debate por la despenalización de las drogas.

—¿Cómo ven desde el gobierno porteño la situación de violencia y narcotráfico en Rosario?

—Lo vemos con muchísima preocupación. Primero, por lo que significa para los rosarinos y las rosarinas el grado de violencia en el que tienen que vivir constantemente. Con la inseguridad uno va perdiendo muchos derechos, sobre todo la libertad. Por otro lado, no somos una isla: estamos a tres horas, a 300 kilómetros, y esas organizaciones buscan nuevos destinos. Por eso son importantes las decisiones que tomó el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: elaborar un plan y llevarlo adelante, desfederalizar con la ley de drogas, atacar los búnkers y devolver la paz a los barrios. Nos gustaría articular estas políticas con el gobierno nacional pero hoy lamentablemente no lo podemos hacer. Todos tendríamos que entender que la seguridad debería ser un objetivo común, en el que no hay banderías políticas ni ideologías.

—¿Qué está fallando para que no se produzca esa articulación?

—La verdad que no lo sé, habría que preguntárselo a ellos. Nosotros estamos convencidos: queremos a los delincuentes presos y a los ciudadanos libres. La lucha irrestricta contra el crimen organizado nos llevó a bajar todas las modalidades de los delitos. Por supuesto, sabemos que falta y que tenemos que seguir trabajando.

—¿Qué experiencias de Caba podrían aplicarse en Rosario?

— Absolutamente todas. Nuestro plan tiene a las fuerzas de seguridad como una de sus piezas fundamentales. Y tiene cuatro pilares: proximidad, nuestro mejor socio es el vecino; la capacitación permanente, que es el mejor arma del policía; inversión en tecnología y transparencia. Además, hay que entender que la seguridad requiere una mirada multidimensional e interdisciplinaria.

—¿Qué implica esto?

—Cuando vas a un barrio te encontrás con pibes a los que les pagan por hacer de dealer o de centinelas, con jubilados y madres solteras que venden, con supuestos centros comunitarios que son lugares de acopio de droga. Hay que desarticular esa economía secundaria que arma el delito complejo con políticas públicas, y eso no lo hace la policía. No todo se resuelve con el uniforme. Ahí tenés que intervenir con todos los resortes del Estado: cultura, educación, salud. Esa es la decisión que tomó el jefe de gobierno porteño y que nos permitió disminuir la tasa de homicidios dolosos. Cuando asumimos estábamos en casi seis cada cien mil habitantes y hoy estamos en menos de tres cada cien mil. Eso nos colocó en la segunda capital más segura de Latinoamérica.

- ¿Le serviría a Rosario tener una policía municipal?

- Lo primero que le serviría a Rosario es tener una planificación. Hoy la ciudad está en una situación crítica, realmente alarmante, donde necesita una decisión política, a nivel nacional. Necesitás recuperar el espacio público, el territorio, y eso lo tenés que hacer sí o sí con ayuda de fuerzas federales. No con espasmos coyunturales para el próximo mes o por motivos políticos. Hay que bajar con varios miles de agentes, de hombres y mujeres de las fuerzas federales, articular una política en común con la provincia y empezar a trabajar con objetivos de mediano y largo plazo.

—¿Es momento de avanzar hacia la despenalización o legalización de ciertas drogas?

—Siempre se le pregunta eso al ministro de Seguridad, pero deben hablar los especialistas en salud y en educación. Yo no soy quién para decir qué tipos de droga deberían despenalizarse. Lo que sí digo es que tenemos un país vecino, Uruguay, que lo hizo. Así como pudimos sentarnos a discutir el aborto no veo por qué no podemos discutir la despenalización. Pero debemos hacerlo de modo responsable, y también abordar otras problemáticas que seguimos teniendo y que seguimos barriendo debajo de la alfombra.

—¿Cómo cuáles?

—Doy un ejemplo: seguimos teniendo una ley penal juvenil dictada por Videla, uno de los peores dictadores que tuvo este país. A lo largo de cuarenta años de democracia no logramos juntar a todas las fuerzas políticas a que discutan esta realidad: no son chicos peligrosos, son chicos en peligro. Y que se van a transformar en pibes peligrosos, porque son instrumentalizados por bandas delictivas, porque dieron muchísimas alertas tempranas con las que nadie hizo nada. Se cree erróneamente que con el sistema actual los estamos protegiendo y lo único que estamos haciendo es condenarlos a matar o morir en un enfrentamiento.

—Con el tratamiento del presupuesto se produjo un fuerte debate sobre el pago del impuesto a las ganancias por parte de quienes integran el Poder Judicial, ¿cuál es su posición sobre el tema?

—Es como todo: cuando se desnaturaliza, por una ventaja o un ataque político, no está bien. Por supuesto que todos tienen que tributar, pero la decisión del gobierno nacional no tenía que ver con una cuestión de equidad, tenía que ver con un ataque en forma directa, como lo viene haciendo, al Poder Judicial. El gobierno nacional tiene una política bien concreta: lo que no controlan, intentan destruirlo. Como espacio político no vamos a ser funcionales y no lo vamos a permitir. Detrás de estos títulos rimbombantes, que no son más que fuegos de artificio, se esconde una avanzada sobre las instituciones que tenemos que fortalecer. Estamos hablando del problema realmente grave que tiene Rosario y tenemos solamente dos jueces y tres fiscales federales, y la mitad de los cargos no están nombrados. El Poder Legislativo tiene que entender el rol que cumple, y no ser una escribanía funcional al gobierno de turno. Tenemos que dejar de lado la politiquería.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

—Se están por cumplir dos meses del atentado a la vicepresidenta. Pocos días antes se produjo el incidente con las vallas, ¿se podría haber evitado si se hubiera mantenido el operativo de la policía de la ciudad?

—Ellos venían poniendo en riesgo hace rato la figura de la vicepresidenta. Habían entregado su cuidado a la militancia. Así pudieron llegar estas personas que casi terminan con su vida. . Lo que es muy loco es que un juez de la ciudad funcional a ellos, el juez Gallardo, nos corre como policía de la ciudad de la custodia de Cristina Kirchner, sus familiares y sus bienes. Eso nos aleja del lugar. Además, la custodia de ella hizo todo mal: antes, durante y después. Sin embargo, no hacen ninguna autocrítica: siempre la culpa es del otro. Es momento de que entiendan que la culpa es suya, que esta manera expusieron a la vicepresidenta ante un hecho gravísimo. Obviamente, por la pérdida de una vida humana, pero institucionalmente hubiera sido una catástrofe. Vimos algo parecido cuando apedrearon su despacho: según ellos, los culpables eran el brazo armado del presidente que puso ella, el Movimiento Evita. Ahora intentan echarnos la culpa a nosotros y siguen con fabulaciones y teorías desopilantes. En realidad, se trató de cuatro personas desquiciadas. En cualquier país normal, con una inteligencia dedicada realmente a evitar problemas y no a perseguir funcionarios opositores lo podrían haber evitado. No lo hicieron por incapacidad, o por otras cosas que tendrán que responder ellos.