La Justicia hizo lugar a un planteo del fiscal Guillermo Marijuan y decidió que los imputados seguirán siendo investigados.
El exministro Oscar Aguad y de Miguel de Godoy, quien fuera presidente del Enacom.
La Justicia revocó el sobreseimiento de un grupo exfuncionarios macristas y pidió que se los siga investigando para determinar si presionaron al empresario Daniel Vila en un trámite vinculado con la concesión del espectro radioeléctrico durante la gestión de Mauricio Macri.
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal decidieron revocar los sobreseimientos y dispusieron la falta de mérito del exministro Oscar Aguad y de Miguel de Godoy, expresidente del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones).
El fallo judicial reactivó una investigación que había quedado frenada y que ahora deberá profundizarse para determinar si hubo presiones ilegales desde el Estado hacia el empresario mediático.
En la misma resolución fueron incluidos Francisco Jorge Canese Méndez, exasesor del Enacom; Juan Manuel Mocoroa, exdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones; y el abogado Juan Manuel Cañada, además de otros exfuncionarios como Justina Ponferrada y Jorge Luis Camps.
Luego del fallo de la Cámara Federal, el juez Daniel Rafecas deberá seguir investigando a estos exfuncionarios de la administración de Cambiemos, que encabezó el expresidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019.
La decisión de la Sala II de la Cámara Federal implica que la investigación por presuntas presiones e intimidaciones a Daniel Vila continuará y que los imputados permanecerán bajo investigación hasta que se reúnan elementos suficientes para definir su situación procesal.
La hipótesis es determinar si "diversas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional exigieron, presionaron y/o intimidaron a Daniel Vila -entonces (2017) Presidente de Supercanal SA y Arlink SA-, con la finalidad de que este último desistiera de una medida cautelar en trámite ante la Cámara Federal de Mendoza y liberara el espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de comunicaciones personales 4G que le había sido concesionado".
Vila había denunciado que Mauricio Macri lo presionó para que devolviera el espectro de 4G que le había sido asignado a su empresa Arlink, lo que también lo obligó a vender la firma Supercanal. La Justicia busca establecer si estas presiones constituyeron delitos contra la administración pública y si buscaron beneficiar a otras empresas del sector.
La Justicia ya probó la existencia de comunicaciones y reuniones entre los investigados, pero los camaristas entendieron que faltan hacer más medidas de prueba para determinar si hubo presiones para que se desistiera de la cautelar. Y si la operación buscaba beneficiar a otra compañía.
La Cámara reconoció que las medidas realizadas hasta ahora "parecen respaldar los datos objetivos aportados, es decir, la existencia de las diversas reuniones que tuvieron como principales intervinientes a Daniel Vila, Mauricio Macri y Mario Quintana, las comunicaciones mantenidas, los acuerdos informales a los que arribaron y los compromisos asumidos". Esta información se evidencia por libros de visitas, testimonios, actas de directorio, capturas de mensajes y constancias judiciales que ya obran en el expediente.
Los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, al analizar las constancias de la causa, determinaron que "impiden homologar el pronunciamiento en trato" del sobreseimiento que había dictado el juez de primera instancia.
Sin embargo, los magistrados indicaron que "poco se avanzó para conocer si -efectivamente- esos extremos enmarcan dentro de la hipótesis penal de esta causa, es decir, si las acciones -por su forma, por su método, por la finalidad, por los actores intervinientes y por las atribuciones funcionales- son la evidencia de los ilícitos denunciados".
En otras palabras, aunque está probado que hubo reuniones y comunicaciones, falta determinar si estas constituyeron delitos.
Por Mariano D'Arrigo
