El gobernador Maximiliano Pullaro hizo una férrea defensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la apertura de una nueva edición de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales. Con un discurso vehemente, reforzó su posicionamiento frente al sector judicial y cuestionó los años de impunidad del fuero federal.

En primer lugar, repasó los logros en materia de baja de violencia en los últimos tres años, marco en el que comparó los 223 crímenes a esta altura de 2023 contra los 62 actuales en el departamento Rosario. Lo atribuyó, en gran parte, a que las instituciones del Estado trabajaron en la misma línea.

Pero también se detuvo en los factores que llevaron a aquellos tiempos hostiles. “Acá hubo mucho tiempo de impunidad. ¿A ustedes les parece que la banda de Los Monos, la organización criminal de más relevancia pública, tuvo la primera causa federal en diciembre del año del 2015?”. Esa fue la primera intervención con énfasis del gobernador

Pullaro y la impunidad

“Las cosas no pasan acá por sí mismas, pasan porque indudablemente sucedió algo y nos querían hacer creer que lo que había pasado aquí en Rosario era que el Estado había abandonado los barrios”, destacó.

En ese momento, se dio tiempo a otorgarle un gesto al socialismo, aliado en Unidos. “Soy radical. Pero aquí gobernó el socialismo y no debe haber ciudad en la República Argentina en la que haya más Estado en los barrios que Rosario”, dijo.

Y continuó con la idea anterior: “El Estado estaba ahí, pero había impunidad”. Para ejemplificar esa figura recordó que, en mayo de 2022, vino a Rosario la Corte Suprema de Justicia de la Nación a respaldar a la justicia federal, en un operativo que se recuerda por lo desmedido, “y hoy dos de tres de los jueces federales que teníamos en la ciudad de Rosario están presos”, subrayó.

Fue una referencia al exjuez Marcelo Bailaque, quien afronta prisión domiciliaria y acusaciones por dádivas y lavado de activos, y Gastón Salmain, quien fue suspendido por el Consejo de la Magistratura y enviado a juicio político por presunto cohecho y pedido de coimas.

Es por eso que decidió destacar con una defensa al MPA, organizador del encuentro. “Vamos a defender la labor en esta provincia del MPA. Y vamos a defender el liderazgo y la conducción de María Cecilia Vranicich”, sostuvo.

¿Por qué hizo la defensa de esa manera tan directa? “Porque en el último tiempo vimos muchas operaciones en muchos medios de comunicación, no los hacemos cargo, pero sí que hay manos negras atrás para desprestigiarlo. No lo vamos a permitir”, contestó.

Así, marcó su posicionamiento de respaldo al MPA que atravesó el año pasado su “independencia” del Poder Judicial, no sin resistencias, para convertirse en un órgano extrapoder. Además de cuestionamientos institucionales por las actuaciones de algunos fiscales, algunos investigados y destituidos.

"Garantismo bobo"

Luego, el gobernador reflexionó sobre un concepto que viene repitiendo: “El garantismo bobo”. Planteó: "Durante años hubo una teoría jurídica que dominó la persecución. Y muchos nos dimos cuenta que la romantización del delito estaba mal. Ese garantismo bobo que lideró los circuitos académicos en muchos aspectos nos hizo mucho pero mucho daño”.

Este tipo de declaraciones, por más que tengan una búsqueda de impacto político, son un mensaje a la Justicia en general, y algo que no caen bien.

Luego, completó: “El que mata tiene que ir preso, el que roba tiene que ir preso. Y las instituciones del Estado tienen que estar firmes, persiguiendo a quienes delinquen”.

Congreso

Al encuentro lo abrió Vranicich, fiscal general del MPA y vicepresidenta del Consejo Federal de Política Criminal, quien destacó la baja de los homicidios y los vinculó al trabajo mancomunado de los dfiferentes niveles del Estado.

Luego, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, también fue ese sendero sin arrogarse como gobierno nacional el logro de la seguridad, sino que lo atribuyó, nuevamente, al trabajo de los diferentes gobiernos e instituciones.

También hablaron el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, Jorge Canteros, y el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Luis Miquelarena.