El presidente Javier Milei estableció un plazo de un año para la licitación dentro del plan de privatización de rutas nacionales.
El cruce por el puente Rosario-Victoria se habilitó en 2004.
El gobierno nacional puso en marcha este miércoles el proyecto de privatización de rutas de todo el país y el puente Rosario-Victoria es uno de los corredores a renovar. El Decreto 28/2025 impulsa la licitación y concesión de ocho tramos de la red vial en cuatro provincias argentinas.
La decisión del presidente Javier Milei es el primer paso formal hacia el primer cambio de administración de la conexión con Entre Ríos desde su inauguración. Según fuentes oficiales, Argentina se encuentra en "condiciones económicas óptimas" para generar nuevas inversiones en la operación de las cabinas de peajes y el mantenimiento de caminos.
"El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público", remarcaron desde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). A continuación argumentaron que el esquema actual es deficitario y no ofrece beneficios reales para los usuarios.
El decreto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece un plazo de 12 meses para la licitación del puente Rosario-Victoria. El plan apunta a elegir a los nuevos administradores antes del inicio de 2026.
El mantenimiento y el cobro de peajes en la Ruta Nacional 174 se encuentra en manos de Caminos del Río Uruguay SA. La misma empresa opera en el resto del corredor vial 18, pero ahora se abre el juego para que otras empresas tomen el control de las principales conexiones viales de Entre Ríos y Corrientes.
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El gobierno dispuso un llamado a licitación pública nacional e internacional que incluye el puente Zárate-Brazo Largo, así como los accesos a los pasos fronterizos de Paysandú y Uruguayana. En todos los casos se habilitan "nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales" en la prestación de los servicios.
Voceros de Vialidad Nacional señalaron que la apertura al capital privado apunta a reducir los gastos del Tesoro nacional. Según el cálculo de las autoridades, los subsidios a las concesionarias de rutas requieren un desembolso de 6.100 millones de dólares con una proyección entre 15 y 20 años.
La ruta que une Rosario y Victoria tiene casi 60 kilómetros de extensión. La empresa a cargo del mantenimiento y operación es la misma que comenzó a operar en 2004, cuando se inauguró el puente.
El primer contrato de concesión se firmó en 1990 y el gobierno dictó diferentes prórrogas desde 2018. La última vence el 9 de abril y se mantiene a pesar de una denuncia por corrupción en el trámite con autoridades nacionales.
La empresa levantó la guardia en octubre por el anuncio del llamado a licitación y se quejó del atraso tarifario en la cabina de la isla La Deseada. Incluso denunció un "deliberado ahogo financiero" de parte del Estado a la hora de admitir el incumplimiento en tareas de mantenimiento y otras cuestiones contractuales.
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