La Oficina Anticorrupción (OA) le pidió ayer al juez federal Claudio Bonadio mandar a juicio oral al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y a otros ex funcionarios del anterior gobierno por supuestas irregularidades en el denominado Plan Qunita, por el cual se entregaron miles de kits para recién nacidos. Como querellante, la OA consideró que está completa la instrucción respecto de los 18 procesados, entre los que se también encuentra el ex ministro de Salud Daniel Gollán.
"Para esta parte querellante la actuación de los funcionarios en la maniobra investigada es subsumible en las figuras de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y administración fraudulenta en perjuicio del Estado", dijo la OA.
Agregó que "en tanto la conducta de los particulares directivos y/o socios de las empresas que resultaron adjudicatarias de la licitación debe encuadrarse como participación necesaria (salvo en un caso donde sería complicidad) en el segundo de los delitos enunciados".
Según señaló el organismo, Gollán como ministro de Salud "refrendó el acto que aprobó la licitación y dispuso la adjudicación a las seis firmas seleccionadas a pesar de las irregularidades que presentaba el trámite y del monto excesivo e injustificado de las ofertas recibidas".
También dijo que Fernández, "en su calidad de jefe de Gabinete adoptó la decisión de aprobar la licitación y adjudicarla en favor de las seis empresas irregularmente seleccionadas y de ese modo obligó abusivamente a la administración puesto que el monto de la contratación resultaba excesivo e injustificado", por lo que "corresponde" sindicarlo "como autor del delito de administración fraudulenta".
Bonadio consideró la semana pasada al Plan Qunita como "una de las causas de corrupción más explícita y grosera que tenga memoria", y consideró que el plan "derivó en una cuantiosa pérdida económica para la administración pública nacional cuando se direccionó de manera arbitraria una licitación pública para seis empresas preelegidas con un sobreprecio de casi el cincuenta por ciento" y señaló que el valor "final y definitivo de aproximadamente mil cien millones de pesos fue aumentado en un 6 por ciento respecto al originalmente previsto que era de 675 millones".
El trabajador realizaba tareas de telecomunicaciones en una vivienda del centro de la ciudad cuando sufrió la caída fatal. Personal del Sies constató su muerte en el lugar. Investigan las circunstancias del accidente.
Por Rodolfo Parody
