La Argentina cerró este miércoles su segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y pidió medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto petrolero Sea Lion, en las aguas que ambos países disputan.

La delegación sostuvo que la urgencia de la intervención quedó resumida en una advertencia: “Es ahora o nunca”.

Durante la audiencia, los representantes argentinos defendieron la competencia prima facie del tribunal y afirmaron que existen derechos plausibles que deben ser protegidos mientras avanza el procedimiento arbitral. También señalaron que las perforaciones podrían causar un perjuicio irreparable.

Argumentos de la delegación argentina

El jurista Marcelo Kohen sostuvo que el tribunal puede resolver sobre las medidas solicitadas sin pronunciarse acerca de la soberanía de las Islas Malvinas. Según la posición argentina, el pedido busca evitar la explotación unilateral de recursos naturales en disputa.

Nico Schrijver centró su exposición en la urgencia y el riesgo de daño irreparable. Señaló que, tras la decisión final de inversión del 10 de diciembre de 2025, Sea Lion pasó de la exploración a un plan concreto de explotación.

Según los datos presentados por la delegación, el proyecto prevé hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles.

Al cerrar su presentación, Schrijver advirtió: “Solo este tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo. Es ahora o nunca”.

El cierre de los argumentos nacionales estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente ante el tribunal. Reiteró que, a criterio de la Argentina, están cumplidos los cuatro requisitos para dictar medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo de perjuicio irreparable y urgencia.

La Argentina pidió impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas con Sea Lion, evitar el uso perjudicial de información obtenida durante la exploración, permitir que el país cumpla sus obligaciones de protección del medio marino y prevenir medidas que agraven la controversia.

Con las audiencias concluidas, ahora resta que el tribunal emita su decisión. No hay un plazo establecido para el pronunciamiento.