En exclusiva, LaCapital pudo saber de fuentes inobjetables que el proyecto oficial incluirá la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, de Aguas Provinciales y de la Empresa Provincial de la Energía. Las tres reparticiones formarán parte de manera tangible de la órbita del Estado. En tanto, en el ámbito de las reformas políticas y electorales que incluirá la iniciativa oficial, el actual gobierno decidió incluir el sistema de ballottage, o doble vuelta, en el ámbito provincial.
En las últimas horas se observa una mayor dinámica de movimientos entre quienes participan de la elaboración oficial de las bases para la reforma constitucional, algo que ha sido reclamado hasta el paroxismo por los partidos de la oposición.
La pertenencia al Estado provincial de la Caja de Jubilaciones es una pretensión de máxima no sólo del Frente Progresista sino también de partidos de la oposición. Mucho se habló meses atrás del deseo del gobierno de Mauricio Macri de transferir las cajas, algo que obtuvo enérgico rechazo en la provincia.
El artículo 125 de la Constitución nacional establece que las provincias son las que pueden regir sus propios regímenes previsionales. El gobierno nacional no puede tomar posición sobre el régimen de las provincias. Pero durante la década del 90 y hasta mediados del 2000 ciertas cajas provinciales cedieron sus sistemas previsionales a la Nación. Las que, por el contrario, quedaron bajo "soberanía" provincial son trece, incluida Santa Fe.
Ante estas polémicas recurrentes entre provincia y Nación, Lifschitz decidió otorgarle rango constitucional a la permanencia en la órbita estatal santafesina, si es que, claro está, hay reforma. El sistema de jubilación local tiene asistencia estatal y aplicación del 82 por ciento móvil.
Otra iniciativa que está plasmada en el borrador de la reforma constitucional que está a punto de salir a la luz —y que este diario presenta hoy a sus lectores— es la intransferibilidad de la EPE a manos privadas, algo que está destinado a tener confrontación directa con Cambiemos y otros sectores del espectro político. Pese a las críticas que recurrentemente se hacen al costo que genera la EPE y a lo alto de sus tarifas, Lifschitz redobla la apuesta y quiere darle rango constitucional como empresa del Estado, decisión que será bien recibida en el campo del progresismo.
Pertenecer
Lo propio sucederá con Aguas Santafesinas, según el texto del proyecto que se incluye en la necesidad de la reforma. En 2006, el gobierno de Jorge Obeid estatizó la empresa, que el ex gobernador Carlos Reutemann había entregado en concesión en 1995. Ahora Lifschitz quiere que la pertenencia de la empresa al Estado quede consagrada en la propia letra de la Carta Magna provincial.
A la par del estudio de otras iniciativas para incorporar en el texto de reforma constitucional, está decidido por parte del gobernador y de sus equipos técnicos la incorporación del sistema de ballottage o doble vuelta para la elección de gobernador y vice. De aprobarse, los dos partidos más votados se presentarían a un desempate electoral si es que no hay mayoría capaz de conseguir que el frente ganador evite esa instancia.
Si la reforma constitucional es aprobada con la institución del ballottage, esa decisión se trasladará a Rosario. Es probable que también pueda tener aplicación en los comicios a intendente, si es que supera el filtro de la instancia local. Hoy es hablar sólo de una posibilidad, como la aparición de la figura del viceintendente que propuso el concejal peronista Roberto Sukerman. Si hay reforma constitucional, en Rosario se debatirá una nueva carta orgánica.
Con estas decisiones que ya figuran en el borrador el gobierno quiere seducir voluntades peronistas que se han mostrado recurrentemente a favor de una mayor presencia estatal en el manejo estratégico de los servicios públicos. Pero no sólo de peronistas se trata: horas atrás el ex aliado Rubén Giustiniani se quejó de la falta de información del proyecto de reforma y la condicionó a la aparición en el texto de una serie de normas de profundo contenido social.
El gobernador mantuvo encuentros constantes en los últimos días con intendentes, presidentes comunales y legisladores para intentar seducirlos a la hora de levantar la mano para votar la reforma.
La Constitución provincial establece que se debe dictar una ley especial que declare la necesidad de la reforma, la que deberá ser votada por la Legislatura con una mayoría especial de dos tercios de los miembros de cada Cámara (Diputados y Senadores).
Esa ley debe definir el alcance de la reforma (total o parcial) y la materia o artículos a reformar. También indica que la reforma se hará por una convención compuesta de diputados elegidos directamente por el pueblo en número igual al de los miembros del Poder Legislativo, es decir, 69 integrantes.
La moneda aún no está en el aire, pero ya hay propuestas para una nueva Constitución. De ahora en más la expectativa estará puesta en el momento en que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de necesidad de la reforma, en una carrera contra el tiempo, atento a que en 2019 serán las elecciones provinciales y nacionales.