La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos sección Violencia y Corrupción Institucional de Santa Fe presentó la acusación y pidió la elevación a juicio contra el exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain y otros exfuncionarios del anterior gobierno por el supuesto direccionamiento de una compra millonaria de armas.

Además de Sain, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez imputaron en su momento al exsecretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y el exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa Maximiliano Novas.

A los tres funcionarios se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial. Se trata de la causa por el aparente intento de favorecer a una firma en una compra de armas para la Policía de Santa Fe. El monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron fue de 17.103.543 dólares, según consignó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Pena para Marcelo Sain

El fiscal pide para el exministro cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa. En los casos del ex secretario de Seguridad Pública, y el exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, se pide ante el juez cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua. Otra pata del esquema fue el exjefe de Logística de la Policía Marcelo Correa, quien tiene un pedido de pena de tres años de ejecución condicional.

En la imputación la Fiscalía sostuvo que –abusando de su condición de funcionarios públicos– los tres imputados realizaron maniobras defraudatorias para beneficiar indebidamente a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia de Santa Fe. Para la firma se pidió multa y suspensión.

Los funcionarios del MPA argumentan que Sain y los exintegrantes del Ministerio de Seguridad “buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente”.