Al tiempo que la sanción de la profunda reforma al Código Procesal Penal de la provincia fue celebrada este jueves en la Casa Gris, tanto actores del frente legislativo como profesionales del Derecho no dudaron en cuestionar las modificaciones fogoneadas por el oficialismo.

Entre los puntos más polémicos que acompañaron la aprobación en la Legislatura de la iniciativa impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro pican en punta la eliminación de las audiencias para determinados casos, la prolongación de los plazos de las detenciones previas a una imputación y que la policía retome atribuciones para desarrollar un control autónomo de los procesos penales.

Con una ola de violencia extrema sin dique Rosario, senadores y diputados provinciales le dieron luz verde a la mayor modificación realizada al Código (36 artículos de la ley 12.734) desde 2007 con el objetivo darles a la Policía de Santa Fe, fiscales e, incluso, jueces, nuevas herramientas de procedimiento.

Fabián Bastía, ministro de Gobierno provincial, valoró “los consensos alcanzados en la Legislatura para acompañar la determinación política” del Ejecutivo. Y resaltó el hecho de que las Cámaras alta y baja hayan otorgado a la administración de Unidos “nuevas herramientas para las acciones contra el delito”.

“También hay una lógica de ordenamiento normativo que venimos dando desde que asumimos, en el marco de la coherencia legislativa de las normas que hemos impulsado desde que asumimos el 10 de diciembre pasado”, añadió el funcionario luego de brindar una conferencia en la ciudad de Santa Fe junto a los senadores Felipe Michlig y Pablo Verdecchia y los diputados Silvana Di Stefano, José Corral y Pablo Farías, todos del oficialismo.

En ese sentido, Bastía hizo hincapié en que, consumada la amplia reforma al Código, “habrá una mayor organización en materia investigativa” en la provincia.

Sin embargo, el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) reflotó las objeciones planteadas el miércoles en el recinto de la Cámara baja: “El nuevo Código hace que se den condiciones de prolongar los periodos de detención y retrocede en materia de democracia”.

“Los fiscales estarán en un segundo plano en las investigaciones y se le otorga más poder a la policía para los allanamientos”, advirtió el legislador.

Es que la iniciativa oficial modificó el artículo 10 bis de la ley orgánica del personal policial que, salvo casos de flagrancia, no permitía al servidor detener o restringir la libertad corporal de las personas sin orden de autoridad competente.

Materializada la reforma al Código, ahora se permite al personal policial la detención, a la vez que ordena varios pasos de garantías que deberá seguir.

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“Sin dudas que buscamos darles más autoridad a jueces, fiscales y policías con el fin de recomponer una autoridad del Estado dañada, por ejemplo, por malas políticas de seguridad previas", aseveró a La Capital Corral.

En esa línea, el legislador alertó: “El problema es ese falso garantismo de que puede haber seguridad sin policía. ¿Es viable enfrentar la narcocriminalidad en esas condiciones?”.

Otro punto cuestionado es la ampliación del plazo para presentar a un detenido frente a un juez. “Hablamos de un período máximo para los delitos complejos, que no se terminan con una sola persona, con el objetivo de evitar la frustración de las pruebas”, explicó Bastía frente a las críticas.

“No se trata de ser más duros sino de poder contar con herramientas superadoras para revertir la crítica situación que estamos atravesando. Habrá una mayor optimización de recursos”, enfatizó el ministro de Gobierno.

No obstante, José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, expresó su rechazo a la reforma al Código en su cuenta de la red social X: “Mucho se peleó, debatió y estudió para que el sistema acusatorio se ponga en vigencia en Santa Fe. Los legisladores destruyeron la armonía de la norma procesal penal. Diez años tirados a la basura”.

“Cambiaron el sentido a las normas, invirtieron carga de la prueba, sacaron el control jurisdiccional rápido sobre la detención de un ciudadano. Las excepciones se volvieron reglas y lo que estaba funcionando, lo rompieron”, prosiguió el letrado.

Al respecto, Nanni no descartó la instalación de escenario conflictivo: “Quedará ahora en manos de los magistrados declarar la inconstitucionalidad de este engendro jurídico. Soy optimista que así lo harán, sin presiones, con un criterio constitucional y el avance de la doctrina penal de los últimos 20 años”.

El penalista Adrián Ruiz, presidente del Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Rosario, opinó a título personal que la reforma al Código “es una clara involución”. Y subrayó: “Volvemos a lo más oscuro de la Inquisición”.

Otro escenario

De hecho, el letrado no descartó -en declaraciones a LT8- que la controversia llegue “en algún momento” hasta las Cortes Supremas nacional y provincial.

“Algún delincuente peligroso puede llegar a verse beneficiado por no haber respetado, con la reforma, el ordenamiento constitucional. Porque muchas de las modificaciones colisionan con la Carta Magna”, fundamentó.

Corral, en ese sentido, puntualizó: "Si, por ejemplo, los jueces viven en territorio santafesino comprenderán que las garantías que hoy necesitan los ciudadanos son medidas que estén a la altura de las circunstancias".

En enero, representantes de magistrados, fiscales, funcionarios, sindicatos judiciales y abogados habían expuesto en Diputados sus objeciones y aportes a las reformas en la materia enviadas por Pullaro.

Las principales críticas escuchadas en la vereda judicial, que no redundaron en un rechazo pleno a la batería de medidas a tratar por entonces, aludieron a la celeridad que le imprimió el oficialismo al debate de temas sumamente delicados.