El exdiputado nacional José Luis Espert se presentó este martes en los Tribunales Federales de San Isidro para comparecer ante el juez Lino Mirabelli, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de activos.

El economista optó por no responder preguntas en la indagatoria y, en su lugar, presentó un escrito junto a varias pruebas documentales para respaldar su posición.

"Las declaraciones las hice frente al juez", se limitó a afirmar Espert al retirarse de la sede judicial.

A la par de su salida, la defensa del libertario difundió un comunicado en el que aclaró que la decisión de no prestar testimonio oral responde al ejercicio de un derecho constitucional para "reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo".

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En el texto subrayó: "No se trata de silencio sino de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos".

En la presentación escrita, los abogados del excandidato de La Libertad Avanza (LLA) aportaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019.

Según precisaron, estos correos "documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago" investigado, calificándolos como documentos de la época "técnicamente inalterables y verificables".

Por ese motivo, solicitaron formalmente al juez que reasuma de forma personal la dirección de la investigación, la cual permanecía delegada en la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez.

El origen de la causa

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, la cual no habría sido declarada ante el fisco argentino.

Conforme a los datos del expediente, los fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Title, vinculada a la organización del empresario aeronáutico argentino Fred Machado, quien se declaró culpable por lavado de dinero en Estados Unidos.

Si bien Espert había señalado públicamente que ese monto correspondía a un asesoramiento para la firma Minas del Pueblo SA en Guatemala, la Justicia mantiene la lupa sobre el destino de los fondos, bajo la sospecha de que pudieron haberse utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama y el financiamiento de un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.

La citación judicial se produjo en momentos en que Espert mantiene sus bienes inhibidos por disposición de la Justicia —medida ratificada por la Cámara de San Martín—, situación que también afecta a su entorno familiar y a firmas asociadas.