Aunque el conflicto concluyó con la vuelta a los cuarteles, el peronismo detecta en la crisis que desató la rebelión de una parte de la policía contra el gobierno de Maximiliano Pullaro una oportunidad. En este sentido, el diputado provincial Marcos Corach presentó un proyecto para crear un ámbito institucional que discuta salarios y condiciones laborales con representantes de los uniformados y del Poder Ejecutivo.

La iniciativa del legislador del espacio de Omar Perotti propone armar la "Comisión Provincial de Bienestar y Régimen Laboral de las Fuerzas de Seguridad Provinciales", como un ámbito institucional permanente de diálogo, análisis técnico y formulación de recomendaciones en materia salarial, condiciones laborales y bienestar integral del personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Provincial.

En sus fundamentos, el proyecto señala que cuando el Estado no ofrece canales formales para procesar los conflictos, las tensiones emergen por vías informales. Muchas veces, de manera desordenada y disruptiva para la institucionalidad democrática.

Así sucedió en febrero, cuando un sector de la fuerza se amotinó y dejó de prestar el servicio. El menú de reclamos incluyó la suba de salarios, más tiempo de descanso entre jornadas laborales e incluso la posibilidad de trabajar en sus lugares de origen. En el sur de Santa Fe, la mayoría de los efectivos provienen del norte de la provincia.

Para desactivar la protesta, el gobierno provincial tuvo que inyectar recursos extra para recomponer los ingresos, especialmente del personal de calle que presta servicios en Rosario y los principales centros urbanos. Una situación que tensó la previa de la ronda de paritarias con el resto de los gremios estatales, sobre todo los docentes.

“Este gobierno no es el único que tuvo un conflicto, le pasó también a gobernadores de distinto signo político. Hay que tratar de dar una salida institucional. No puede pasar que ante cada discusión salarial la policía se corra de su responsabilidad”, dijo Corach a La Capital.

Cómo funcionaría la comisión que plantea el peronismo

El peronismo propone una comisión integrada por 15 miembros titulares: cinco representantes del Poder Ejecutivo; cuatro del personal policial en actividad, dos del servicio penitenciario y dos del personal retirado: uno de la policía y otro de los penitenciarios.

Un detalle: los representantes del personal activo, indica el texto, deben elegirse por voto directo, secreto y voluntario.

De aprobarse el proyecto, la comisión tendrá como competencias analizar la estructura salarial vigente, evaluar la evolución del poder adquisitivo, examinar suplementos y adicionales, analizar la jornada laboral, evaluar las condiciones de trabajo y formular recomendaciones técnicas y normativas.

Además, el proyecto establece que la comisión deberá convocar, como mínimo, dos instancias al año para analizar la situación salarial.

Ese espacio deberá elaborar un dictamen técnico salarial, de carácter público. No será vinculante, pero el Poder Ejecutivo debe responder dentro de los treinta días hábiles y justificar su decisión.

El proyecto resalta que esta comisión no implica una sindicalización del personal ni afecta el régimen disciplinario o la cadena de mando. La agremiación de las fuerzas de seguridad es hoy un escenario impensado.

“El objetivo es poner al gobierno a discutir en un lugar serio”, plantea Corach.

Gestos de unidad del PJ en un nuevo escenario

El texto lleva la firma de otras dos exministras de la gestión Perotti: Celia Arena (Gobierno) y Sonia Martorano (Salud). Pero también acompañan Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, y Miguel Rabbia, referenciado en el senador nacional Marcelo Lewandowski.

Es otro gesto de ecumenismo del peronismo, al menos el de la Cámara baja. Hace algunas semanas todo el interbloque firmó un proyecto para eliminar los aportes extraordinarios de las jubilaciones y que los aumentos a los pasivos sean al mismo momento que a los trabajadores activos.

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Atento a las señales de malestar en el mundo del empleo público, Pullaro se adelantó. El jefe de la Casa Gris anunció que el aporte extraordinario terminará en septiembre y envió un proyecto a la Legislatura -aprobado de manera exprés- para reducir la brecha de actualización de 60 a 30 días.

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Los impulsores del proyecto aseguran que todavía no conversaron con ningún referente del Poder Ejecutivo o del bloque de Unidos. La alianza que integran radicales, socialistas, macristas, javkinistas, evangélicos y otras fuerzas tiene mayorías holgadas en ambas Cámaras.

De todos modos, el peronismo lee un cambio de clima en la provincia e intenta instalar temas en agenda de cara a un 2027 en el que se ve más competitivo.