El gobierno provincial apelará el fallo que declaró inconstitucional el tope fijado por la reforma previsional para más de un centenar de jubilaciones de mayores ingresos. Sostiene que el límite de $13 millones -equivalente a 20 jubilaciones mínima, como marca la ley- permitía reducir el déficit de la Caja.

La Corte santafesina declaró aquel límite inconstitucional, por lo que hay beneficiarios que recibirán más de $18 millones, cuando Ansés a nivel nacional paga un tope de $2.8 millones.

El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, fue uno de los primeros funcionarios en responder públicamente a la resolución judicial. Más allá de las diferencias jurídicas con los fundamentos del fallo, puso el foco en la integración de la Corte: “Era imposible que fueran imparciales. Cuando no se excusaron y rechazaron la recusación quedó claro que estaban entendiendo en una causa que los favorecía directamente”, afirmó.

La provincia había planteado la recusación de los ministros del tribunal al considerar que algunos de ellos podían verse alcanzados por los efectos de la sentencia. Ese planteo fue rechazado.

Boasso también cuestionó la participación del ministro Eduardo Spuler, quien dejará su cargo el primero de septiembre de este mismo año. “Podría haberse excusado. Le faltaban apenas unos días para retirarse y decidió intervenir en una sentencia que puede beneficiarlo personalmente”, sostuvo.

Pero la estrategia del gobierno no se limita a cuestionar la integración del tribunal. El Ejecutivo busca reinstalar el debate sobre el alcance de la reforma previsional aprobada en 2024 y remarcar que el límite declarado inconstitucional no alcanzaba al conjunto de los jubilados provinciales.

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La ley había fijado un tope equivalente a veinte jubilaciones mínimas -hoy cercano a los 13 millones de pesos mensuales- para más de un centenar de beneficiarios con haberes de excepción, la mayoría vinculados al Poder Judicial.

Según Boasso, el fallo desconoce principios básicos de la seguridad social: “Esto no es un seguro privado donde cada uno cobra exactamente en función de lo que aportó. La seguridad social funciona sobre un principio de solidaridad: quienes tienen mayores ingresos también realizan un mayor esfuerzo para sostener el sistema”, explicó.

El funcionario sostuvo además que los sistemas previsionales de distintos países contemplan haberes máximos y advirtió que, con el criterio adoptado por la Corte, “sería muy difícil reformar cualquier sistema jubilatorio frente a los cambios demográficos o económicos”.

La dimensión del impacto

La provincia también busca instalar una comparación con el sistema nacional para dimensionar el impacto económico de la decisión judicial. Mientras la Ansés paga actualmente una jubilación máxima cercana a los 2,8 millones de pesos, el fallo de la Corte santafesina vuelve a habilitar haberes que, en algunos casos, superan los 18 millones de pesos mensuales.

Desde la Casa Gris remarcan que esos montos corresponden a un universo reducido de beneficiarios, pero sostienen que representan una parte significativa del déficit previsional.

Según cifras oficiales, antes de la reforma el déficit proyectado de la Caja de Jubilaciones rondaba los 900.000 millones de pesos anuales. Tras la aprobación de la ley, el gobierno asegura que ese déficit se redujo a aproximadamente 400.000 millones.

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La vocera del gobierno, Virginia Coudannes, sostuvo que la discusión debe centrarse en la sostenibilidad del sistema previsional.

“La verdadera defensa de la Caja consiste en garantizar que siga existiendo y continúe siendo de Santa Fe. No hacer nada hubiera significado trasladar un problema cada vez mayor a las futuras generaciones”, afirmó.

También remarcó que la decisión judicial no modifica la situación del conjunto de los jubilados: “No estamos hablando de todos los jubilados. Estamos hablando de un grupo reducido que pretende mantener un beneficio que el resto de los santafesinos no tiene”, expresó.

Coudannes vinculó además la reforma con la administración de los recursos públicos. “Si nosotros no hacíamos esta reforma eran rutas que no se iban a poder hacer, hospitales que no se podían sostener, medicamentos, escuelas y obras que iban a quedar postergadas. Nuestra responsabilidad es defender los intereses del conjunto de los santafesinos”, señaló.