El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El Ministerio de Capital Humano llamó al gremio transportista a “abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa" ya que se encuentra bajo conciliación obligatoria

Miércoles 18 de Febrero de 2026

El Ministerio de Capital Humano intimó este miércoles a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad (que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes) a “abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar” durante el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves, ya que ambos sindicatos se encuentran bajo una conciliación obligatoria por los conflictos salariales.

“La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia", indicó el ministerio en un comunicado.

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Según trascendió, el gobierno estaría dispuesto a retirarle la personería legal a ambas organizaciones sindicales si deciden mantener el paro.

La cartera que dirige Sandra Pettovello remarcó que si los gremios de colectiveros y de maquinistas de trenes se pliegan al paro estarían generando una “violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite”.

La UTA no había adherido al paro de la CGT del año pasado debido a que justamente estaba rigiendo una conciliación obligatoria por un conflicto salarial, pero ahora decidió que sí participará de la huelga.

Así lo confirmó el gremio en un comunicado en el que precisó que adherirá a la paralización del transporte “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”.

La conciliación obligatoria en el conflicto de UTA se dictó el pasado 10 de febrero y por quince días, en el marco del anuncio de hacer paro de colectivo en el interior del país en el marco de un reclamo salarial.

Capital Humano señaló entonces que durante ese período "las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios”.