El Colegio de Abogados de Rosario exigió una reforma urgente en los procesos de selección para cargos jerárquicos dentro de la Corte Suprema de Santa Fe, puntualmente el secretario de Gobierno del máximo tribunal, que está en trámite.

La institución denunció que el reglamento actual favorece de forma desproporcionada a los empleados judiciales y funcionarios internos, lo que crea una desigualdad estructural que impide a los abogados independientes de la matrícula competir en igualdad de condiciones. "Se reduce el concurso a una simple promoción de carrera vertical interna", sostuvieron.

Según el documento, las normativas vigentes contradicen la Constitución provincial de 2025, la cual promueve la democratización y transparencia en el acceso a la función pública.

Colegio de Abogados

El organismo solicitó formalmente la modificación integral de los criterios de evaluación y la extensión de los plazos de inscripción para garantizar un proceso abierto y legítimo.

En última instancia, se busca eliminar el corporativismo judicial para asegurar que la idoneidad técnica prevalezca sobre la antigüedad interna y beneficios del sistema.

“En virtud del nuevo marco de legalidad que rige en nuestro territorio, resulta indispensable exigir la inmediata adecuación de los procedimientos internos a los estándares de transparencia, igualdad y concurrencia republicana exigidos por nuestra ley fundamental”, enfatizó el comunicado.

La sanción de la nueva Constitución de Santa Fe inauguró un cambio de paradigma definitivo e irreversible respecto de la democratización de las estructuras estatales.

“Frente a ese imperativo constitucional, observamos con grave preocupación que los criterios de ponderación utilizados para evaluar a los aspirantes continúan atados al Reglamento para la Provisión de Cargos de Funcionarios en el Poder Judicial”, advirtieron.

Para el Colegio, esa reglamentación arrastra una matriz de diseño de carácter cerrado que colisiona abiertamente con los artículos 20 y 128 (inciso 5) del texto constitucional reformado.

Según ese razonamiento, se elevan barreras cualitativas, arancelarias y cuantitativas “insalvables” para las abogadas y los abogados que ejercen libremente la profesión.

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En ese sentido, ejemplificaron:

- La asignación desproporcionada por antigüedad interna que configura una ventaja automática sin importar su nivel académico o solvencia técnica.

- El impacto excluyente de la bonificación por cargo, la que reduce el concurso a una simple promoción de carrera vertical interna.

- La contemplación de rubros endogámicos y corporativistas como la reserva de puntajes base por asistencia, puntualidad y conducta interna, sumada a la exclusividad de ponderación por cursos dictados por el Centro de Capacitación Judicial.

El Colegio sostuvo que el reglamento actual anula en los hechos la equivalencia de méritos y trayectorias, transformando el mandato constitucional de un "concurso público abierto en un simple trámite administrativo de cooptación endógeno”.

Es por los fundamentos expuestos que el Colegio de Abogados formuló un “pedido expreso y urgente” a la Corte Suprema para la modificación integral del Reglamento de Concurso de Funcionarios, a los fines de adecuarlo formal y materialmente a las mandas de la Constitución de 2025.

“Un concurso diseñado por y para la corporación judicial no es un concurso constitucionalmente válido y muy difícil de explicar de cara a la sociedad”, destacaron.

Asimismo, pidieron la extensión del plazo de inscripción vigente para el llamado a concurso del cargo de secretario de Gobierno.