La senadora santafesina Carolina Losada fue denunciada penalmente por su proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

La denuncia, presentada ante la justicia federal, fue encabezada por el exjuez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora consulta de la UBA Dora Barrancos. Además, y firmada por una larga lista de referentes en derechos humanos, entre ellos, Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco “Paco” Olveira. Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y Alberto Kornblihtt.

Losada fue denunciada por llevar adelante “un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de todo tipo (intrafamiliar, en un ámbito institucional, trata de personas, explotación sexual infantil y pornografía infantil)”. Asimismo, los denunciantes sostienen que el proyecto impulsado por Losada sobre “falsas denuncias” se apoya en un fenómeno “sin sustento estadístico”.

Entre los delitos que se le acusan a Losada aparecen coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.

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Falsas denuncias: un fenómeno marginal

El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos realizó un relevamiento de los casos penales en distintas provincias del país entre durante tres años.

El informe comprende el período 2023-2025 y aborda los casos registrados en los sistemas de gestión de los Ministerios Públicos Fiscales del país por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio (artículo 245 y 275 del Código Penal respectivamente). Las jurisdicciones que respondieron fueron 17 sobre las 25 totales, quedando fuera Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.

El total casos penales relevados 8.254.672 (totalidad de casos iniciados en los MP) y, como afirma el informe, "el dato más sólido y el más importante del relevamiento es el que establece la dimensión real del fenómeno en el universo total de la conflictividad penal".

Según el relevamiento, durante esos tres años se iniciaron 7.517 investigaciones por falsa denuncia lo que representaría el 0,09% del total, esto es, una causa cada 1.098. Por su parte, el falso testimonio, representa el 0,025% del total: una causa cada 3.940.

"Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal", aseguran. O sea, no hay ningún fenómeno criminal de magnitud que justifique el proyecto de ley.

Además, en el total de las 14 jurisdicciones que desagregaron, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole (patrimoniales, vecinales, laborales, etc.) y sólo el 8% al ámbito de violencia de género/intrafamiliar.

El proyecto de Losada

La iniciativa de la senadora santafesina Losada no crea un nuevo delito. Lo que propone es endurecer penas para figuras que ya existen en el Código Penal: la denuncia falsa, prevista en el artículo 245, y el falso testimonio, regulado por el artículo 275. La diferencia central es que el agravamiento se aplicaría cuando esas conductas estén vinculadas a denuncias sobre violencia de género, abuso sexual o violencia contra niños.

En el caso de denuncias falsas sobre violencia de género, el proyecto eleva la pena de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años. Ese cambio vuelve el delito no excarcelable. En falso testimonio, que puede involucrar a testigos y peritos, la pena pasaría de una escala actual de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años.

El argumento de Losada y de las organizaciones que impulsan la iniciativa parte de una premisa: que existiría un aumento significativo de medidas judiciales en causas de violencia de género sin prueba suficiente, con consecuencias graves para personas denunciadas. Sin embargo, quienes cuestionan el proyecto advierten que no existen estadísticas en Argentina que respalden una emergencia de denuncias falsas en casos de violencia de género.

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Ese es uno de los puntos más sensibles del debate. Para organizaciones de abogadas feministas, referentes de derechos humanos y mujeres radicales, endurecer las penas en este tipo de causas puede producir un efecto inhibidor sobre víctimas que ya enfrentan enormes dificultades para denunciar. La advertencia es concreta: si una mujer o una víctima de abuso sabe que una denuncia que no prospere puede derivar luego en una persecución penal, muchas podrían directamente no acudir a la Justicia.

La abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, lo planteó con precisión: “El problema con el proyecto es que no aborda los problemas de acceso a la Justicia sino que por el contrario, los agrava. Si ya son muy pocas las personas que denuncian situaciones de violencia y de abuso, muchas menos habrá si enfrentan la posibilidad de ser perseguidas penalmente en el muy probable caso de que la denuncia de violencia y abuso no prospere en la Justicia”.