La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá este miércoles a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que le pidió una reunión para dialogar acerca de la decisión del oficialismo en el Congreso de incluir en el presupuesto 2023 un articulado para que jueces y demás integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias.

“A raíz del pedido de audiencia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional el próximo miércoles (26 de octubre) al mediodía”, señalaron voceros del despacho de la presidenta del Senado.

Este lunes se conoció una misiva enviada por la Asociación que encabeza Marcelo Gallo Tagle reclamando una reunión con Fernández de Kirchner y otra con la titular de la Cámara de Diputados, la oficialista Cecilia Moreau.

En la comunicación oficial, la AMFJN se dirigió a la presidenta del Senado para “solicitarle tenga a bien recibir a una delegación representativa de los distintos estamentos que componen esta institución, con el objeto de ser escuchados respecto del proyecto de ley de presupuesto que sustituye el artículo 82 incisos «a» y «c» de la ley del impuesto a las ganancias”.

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Del mismo modo, solicitaron ser convocados a una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de cada Cámara.

“Ello así, cuando consideramos que la cuestión a debatirse involucra particularmente a los integrantes del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos, y en atención a las numerosas cuestiones que ese plexo normativo debe abordar”, sostiene la nota firmada por Gallo Tagle.

El oficialismo en Diputados decidió incorporar un artículo en el proyecto de presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, con lo cual se estima que se podrán sumar $237.000 millones a las arcas públicas.

Agrupaciones de jueces y el sindicato de empleados judiciales salieron a replicar la iniciativa y se declararon en estado de alerta.

Desde AMFJN sostuvieron en un comunicado que esa cláusula "pretende —una vez más— violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos".