El fiscal federal Ramiro González pidió el listado de los funcionarios que tenían a cargo el control de los comedores registrados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Recancom) y se trata de las primeras medidas tras una denuncia del Ministerio de Capital Humano.

La cartera que conduce Sandra Pettovello realizó una auditoría del organismo y detectó que muchos de los comedores que recibieron alimentos durante el gobierno de Alberto Fernández nunca funcionaron como tales o bien habían dejado de hacerlo hace muchos años atrás.

La denuncia apunta a funcionarios públicos a cargo de ese organismo tan controvertido, el Renacom, por lo cual la Fiscalía pidió la lista de quienes tenían a cargo el control y también de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social que tenían a cargo la seguridad alimentaria.

El Recancom fue creado en julio de 2020 y funcionó hasta el final del gobierno de Alberto Fernández por lo que el listado reclamado por el fiscal, abarca ese período.

Por otro lado, González citó para el próximo lunes a la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, para ratificar la denuncia que hizo dicha cartera, así como aportar documentación que reclamó y que está señalada en la presentación judicial.

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También, la Fiscalía pidió la documentación de las auditorías realizadas por el Ministerio de Capital Humano y qué personal efectuó las mismas a fin de escucharlos en declaración testimonial.

La Fiscalía apunta a investigar la participación de "todos los responsables" entre 2020 y 2023 en dichas áreas involucradas y ante la sospecha de falta de controles en el otorgamiento de alimentos que, según el Ministerio de Capital Humano, era de entre 12 a 14 toneladas de alimentos por mes.

La auditoría realizada por la citada cartera abarca a unos 2.600 comedores de los más de 4 mil registrados en todo el país y, de la documentación revisada, se constató que más de la mitad o bien no existieron nunca como tales o dejaron de funcionar hace muchos años.

Según la reglamentación, los comedores deben ser re validados cada dos años, algo que no habría ocurrido.

La investigación llega a la Justicia Federal

La investigación por presuntas irregularidades en comedores populares y supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones tendrá también un capítulo en la Justicia Electoral.

El juez federal Sebastián Casanello evalúa “extraer testimonios” (formular una nueva denuncia) sobre la base de contenidos de chats aportados por cinco testigos, de los que se desprende una exhortación a votar en las últimas elecciones a candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

El juez dispuso peritajes en los teléfonos secuestrados durante los allanamientos del lunes último, pero independientemente de eso cuenta con capturas de pantalla de chats en los que uno de los imputados, Gustavo Vásquez, llama a votar a la candidata a jefa de Gobierno Vanina Biasi.

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En al menos dos oportunidades, Vásquez arengó en un grupo de Whatsapp a que los beneficiarios de planes sociales y comedores votaran a Biasi e incluso les exigió que se sacaran fotos al momento de emitir el sufragio.

En la parte penal de la investigación, los delitos que están bajo la lupa son los de “administración fraudulenta por abuso de confianza, extorsión y coacción”.