Amplían detalles de las pruebas que sustentan el proyecto de rescate impulsado por Santa Fe

La Casa Rosada amplió ayer detalles de la última presentación realizada por la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), María Victoria Stratta, ante el juez a cargo del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, a través de la cual ofreció pruebas para sustentar el escrito que solicitó la intervención de la firma el 19 de junio pasado.

Sobre uno de los puntos clave —las vinculaciones societarias—, Stratta insistió en las participaciones de Vicentin Saic en otras sociedades y, acerca de ese particular, ofreció como pruebas el "estado del activo presentado por la concursada en el expediente".

Lo propio ocurre con la página web del grupo, que "demuestra que hace suyas todas las empresas en las que dice contar con participaciones ínfimas", indicó la funcionaria.

También citó los estados contables, no sólo de Vicentin sino de diversas sociedades de las que forma parte, "en algunos casos con control declarado, en otros no". Y añadió: "En algunos casos es accionista directa, en otros lo son sociedades que ella controla".

Stratta sostuvo que "la sociedad cuenta con ejemplares de los estados contables" y que "habrá de intimarse a su representante legal su presentación, bajo apercibimientos de ley".

También mencionó "estados contables, incluyendo balance general, memoria, informes de sindicatura societaria y de auditoría externa" de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que "se intimará su presentación a Vicentin".

Además, el escrito señaló que "resultan relevantes las notas a los estados contables del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019", enfatizando que "el plazo de confección y consideración se halla largamente cumplido y su vencimiento operó antes de que se produzcan las limitaciones emergentes de las medidas sanitarias" por la pandemia de coronavirus dispuestas por el gobierno nacional.

Paralelamente, el planteo reflejó que una accionista de Vicentin donó el 10 de enero cinco inmuebles de sus propiedad a sus hijos, lo que para la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe constituye un posible intento de "enajenación de bienes" frente a la caída de la agroexportadora.