A 40 años de los asesinatos en Rosario de Cambiaso y Pereyra Rossi, el último crimen de la dictadura

Los secuestros y asesinatos de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, de los que este domingo se cumplen 40 años, fueron "una operación de Inteligencia del Ejército" diseñada a fines de la última dictadura, para convencer a la opinión pública de la existencia de un "rebrote subversivo" que procuraba "infiltrase" en el Partido Justicialista de cara a los comicios de octubre de 1983.

Así lo definió el fiscal de la Unidad de causas por delitos de lesa humanidad de Rosario, Juan Patricio Murray, quien investigó los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, por los que en 2016 fue condenado a prisión perpetua -entre otros- el excomisario Luis Abelardo Patti.

Quince días antes de esos homicidios, unos de los últimos crímenes durante la dictadura, había sido asesinado en Córdoba el integrante de la conducción de Montoneros, Raúl Clemente Yager.

En ese contexto, desde las esferas oficiales de una dictadura en retirada se indicaba que existía un supuesto "rebrote subversivo" e "infiltración" de "extremistas" en el Justicialismo, cuyo candidato presidencial, Ítalo Luder, avalaba la ley de autoamnistía dictada por los propios militares.

Osvaldo Agustín Cambiaso, alias "El Viejo", y Eduardo Pereyra Rossi, conocido como "Carlón", eran militantes montoneros que en 1983 se habían incorporado a Intransigencia y Movilización Peronista (IMP), nacida de un acuerdo entre la organización armada y el caudillo catamarqueño Vicente Leónidas Saadi para la reinserción en la vida política legal, con miras a la reapertura democrática y el proceso electoral de ese año.

Cambiaso, ingeniero químico, residía en la localidad santafesina de Pérez y tenía en Rosario un laboratorio de fotomecánica, recordó a Télam Hugo Basso, quien compartió militancia con "El Viejo", quien hasta fines de 1982 había estado detenido.

"Se había formado Intransigencia y Movilización y hacíamos un trabajo político legal. Teníamos un local en Rosario y habíamos abierto algunas unidades básicas. Nuestra relación más directa con la organización (Montoneros) era a través de Carlón", abundó Basso, quien hoy dirige un periódico en la localidad santafesina de Rufino, tras sufrir cárcel y exilio durante la dictadura.

El 14 de mayo de 1983, como parte de las actividades políticas para la reinserción de Montoneros en la legalidad institucional, Cambiaso y Pereyra Rossi quedaron en reunirse en el bar "Magnum" de Rosario, ubicado en la esquina de Ovidio Lagos y Córdoba.

De acuerdo a la investigación judicial que derivó en el juicio por el secuestro, tormento y asesinato de ambos militantes, personal civil de inteligencia del Ejército los secuestró en el bar, los llevó a un galpón de las afueras de Rosario donde fueron torturados y finalmente sus cuerpos aparecieron baleados en un camino rural de la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires.

"Esta vez sabíamos que (Pereyra Rossi) venía porque un compañero lo tenía que ir a buscar en la zona del bar Magnum, donde se tenía que reunir con Osvaldo. Este compañero nos avisa que vio un movimiento raro cerca del bar", contó Basso, quien durante su exilio había vivido con "Carlón" en México y en Brasil, antes de regresar al país.

"Después preguntando en el lugar supimos que había habido un operativo y que se los habían llevado", agregó.

Tras la aparición de los cuerpos asesinados en Lima, la Policía emitió un comunicado oficial en el que daba cuenta de la muerte de los "extremistas" en un "enfrentamiento".

Basso recordó que "'Carlón' era parte de la conducción nacional de Montoneros, y unos 15 días antes de que los secuestraran junto al 'Viejo' lo habían matado a Yager".

"Estaba clarito que la intención de los aparatos de inteligencia (de la dictadura) era llevarse a los que más pudieran antes de que se abriera la etapa preelectoral propiamente dicha", agregó.

Y en ese sentido, aclaró: "Todo esto en ese momento no lo pensábamos, pero sabíamos que se había abierto una etapa en la que había que correr el límite, había que ir ganando esa legalidad en la calle, a partir de la militancia, de la inserción en las bases". A eso, estos compañeros lo pagaron con su vida".

El fiscal Murray también vinculó el asesinato de "Roque" Yager con los de Cambiaso y Pereyra Rossi, como parte de operaciones especiales de inteligencia diseñadas por el Ejército con un propósito político.

"Lo que quedó plasmado en las pruebas que se rindieron y en las audiencias de debate del juicio, es que Inteligencia del Ejército había diagramado un plan para intentar establecer como una situación existente, una penetración residual de las organizaciones armadas, subversivas decían ellos, en los partidos políticos, particularmente en el PJ", sostuvo el funcionario judicial en declaraciones a esta agencia.

"A partir de allí se diagramó una operación especial de inteligencia que fue dirigida por la Jefatura II de Inteligencia del Ejército y ejecutada por distintos estamentos, el Destacamento 141 de Córdoba, el Destacamento 121 de Rosario y el Batallón 601", precisó el fiscal.

Murray explicó que el plan "comenzó con el asesinato de Yager a fines de abril de 1983, donde incluso se realizaron conferencias de prensa diciendo que se le había secuestrado información por la cual tenían establecido que preparaban una determinada cantidad de atentados sobre dirigentes políticos".

"Y continuó - sostuvo- con el posterior secuestro, torturas y asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi en Rosario, y el homicidio en Lima".

"Había una sentencia que había pasado a la condición de cosa juzgada, porque en 1983 hay un sobreseimiento provisorio que se había convertido en definitivo en 1986, por el transcurso del tiempo", abundó Murray, quien solicitó y obtuvo -varios años después- la declaración de nulidad por cosa juzgada írrita, lo que permitió retomar la investigación de los hechos.

En 2015 la causa llegó a juicio en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario y el 4 de mayo se conoció la sentencia.

Los jueces condenaron a prisión perpetua al excomisario Patti; al cabo Spataro; al jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, Pascual Oscar Guerrieri; y 2º jefe de ese Destacamento, Luis Américo Muñoz.

En tanto, absolvieron a los otros seis acusados: el último presidente de facto Reynaldo Bignone; el jefe de Departamento III de Operaciones del Comando del II Cuerpo del Ejército, Rodolfo Rodríguez; y a los personales civiles de inteligencia (PCI) Carlos Sfulcini, Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera y Ariel Antonio López.

Más tarde, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la sentencia a Muñoz al considerar, en un fallo dividido, que la prueba existente no era suficiente para dictar una condena.

Murray recordó que la prueba cuestionada era un reclamo por un ascenso no concedido que Muñoz realizó en 1989, en el que destacó como méritos haber participado de dos Operaciones Especiales de Inteligencia (OEI) antes de las elecciones de 1983 y en 1984.

En su escrito ante la Junta de Calificaciones, Muñoz señaló que "dada su gran envergadura, las dos operaciones especiales fueron ampliamente publicitadas por todos los medios de comunicación masivos, con una gran repercusión".

Para el fiscal, la primera fue el secuestro de Cambiaso y Pereyra Rossi y la segunda el robo a los Tribunales provinciales de Rosario, desde donde una "patota" se llevó información sobre la represión que había sido secuestrada unos días antes por un juez de instrucción.

"La Cámara de Casación penal lo absuelve a Muñoz en el juicio de Cambiaso y Pereyra Rossi, poniendo en duda si esa es una prueba suficiente para acreditar la existencia de esas dos OEI", dijo el fiscal.

Muñoz murió el año pasado, cuando la Corte Suprema debía resolver un recurso extraordinario para revocar su absolución en esta causa presentada por la Unidad Fiscal Federal de Rosario.

Pero el mesa pasado, en un juicio abreviado el coronel (RE) Héctor Fructuoso Funes fue condenado por el robo a Tribunales, la segunda OEI a la que se refería Muñoz. Funes (exjefe de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército), admitió su responsabilidad en los hechos ocurridos en 1984, y alegó que habían sido ejecutados por personal bajo su mando que reportaba en el Destacamento Inteligencia 121 y el II Cuerpo de Ejército".

Murray marcó la "contradicción" entre la resolución de Casación que revocó la condena a Muñoz por la misma prueba con la que fue condenado Funes.