La legislatura provincial analiza suspender a una fiscal rosarina por su desempeño en una causa por violencia de género. La víctima había denunciado a su expareja, que aun teniendo restricción de acercamiento continuaba hostigándola. Finalmente la mujer fue asesinada y hasta el momento la causa por el femicidio no tuvo avances concretos.

En la víspera de una nueva manifestación bajo la consigna Ni Una Menos, un resonante caso de violencia machista podría derivar en una medida institucional paradigmática. La suspensión de la fiscal María Verónica Ballari, solicitada por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, se confirmará este jueves en la legislatura.

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La Comisión Bicameral de Acuerdos deberá determinar la sanción, que de acuerdo a lo previsto será de tres meses sin goce de sueldo. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA había presentado un pedido para que se anule la suspensión, bajo el argumento de que la nueva Constitución deja sin efecto la ley por la cual se impulsó la sanción.

Violencia de género

Ailén Oggero tenía 32 años cuando fue asesinada por personas todavía no identificadas por la Justicia. Hasta entonces era hostigada por su expareja Jonathan Omill, sobre quien pesaba una medida de restricción de acercamiento por denuncias que había hecho ella.

Fue recién luego del femicidio, el 18 de febrero de 2025, que el hombre quedó demorado y días después fue imputado por violencia de género por la fiscal Ballari, ahora bajo la lupa por presunta demora en su accionar que pudo haber derivado en el asesinato de Ailén. Sin embargo hasta el momento Omill no quedó ligado al crimen.

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Las denuncias de Ailén contra Omill daban cuenta de hostigamientos habituales desde que ella había decidido terminar la relación. En distintas presentaciones judiciales la mujer lo denunció por seguirla, ingresar a su casa por la fuerza, robarle su auto y golpearla en varias ocasiones. La única medida tomada con Ailén en vida fue la restricción de acercamiento, por lo que Omill fue detenido una vez concretado el asesinato.

Femicidio

Si bien no se conocieron avances respecto de la investigación que aborda el crimen, desde un primer momento los familiares de Ailén ubicaron a Omill como principal sospechoso. El hombre, por su parte, argumentó que cuando ocurrió el asesinato él se encontraba trabajando en la planta de Vicentín en San Lorenzo, donde finalmente fue detenido el día siguiente al crimen.

Ailén era extraccionista en los laboratorios del Hospital Centenario y el martes 18 de febrero fue acribillada a tiros en la puerta de su casa de Prusia al 6700 cuando salía a trabajar. Sus hijos de 11 y 4 años escucharon los disparos y al salir se encontraron con su madre ya muerta.

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Fuentes de la investigación advirtieron en su momento que el hecho de que Omill estuviera trabajando al momento del crimen no lo despegaba de su posible participación. En ese marco trascendieron los vínculos de Omill con personas vinculadas a la narcocriminalidad, lo que rodeó el femicidio con otras sospechas.

La sombra narco

Jonathan Omill supo tener domicilio en Funes, una casa también vinculada a personas ligadas a una banda narcocriminal. Se trata de una vivienda ubicada en Las Garzas 2253, donde en 2020 fue asesinado un hombre que vivía allí. En esa misma casa, tiempo después, cumplió prisión domiciliaria Brenda Pared, condenada por narcotráfico.

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El hombre también tiene vínculos estrechos con Jésica "Fea" González, con causas en la Justicia federal por narcotráfico y en el fuero provincial por ser parte de la banda de René "Brujo" Ungaro. Además es media hermana de Brenda Pared y también expareja de Claudio "Morocho" Mansilla, otro recluso condenado a prisión perpetua por homicidios y también vinculado al narcotráfico. Mientras González cumplía prisión efectiva, algunos de sus hijos vivieron en la misma casa de Las Garzas al 2200 bajo el cuidado de su abuela.

Por lo tanto en una etapa inicial de la causa se analizó la hipótesis que ubicó a Omill como instigador de un femicidio con trasfondo de violencia de género pero ejecutado con las herramientas de la narcocriminalidad. Las pistas que abonaron esa sospecha eran más de una: el arma utilizada, la mecánica del ataque, los vínculos de la expareja de la víctima y el conocimiento que algunos allegados de la mujer tenían acerca de hostigamientos de parte de la propia Jésica González. A más de un año, los avances son nulos.