Con el arresto de un oficial del Servicio Penitenciario (SP), ya son ocho los detenidos por la escandalosa fuga que protagonizó el miércoles Raúl Oscar Flores, el confeso homicida del sindicalista Abel Beroiz. Cuatro de los apresados pertenecen al Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip) y cuatro al SP y todos están acusados por facilitamiento de fuga, un delito que prevé penas de hasta cuatro años de cárcel y por lo tanto es excarcelable.

En tanto, el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola, quien lleva adelante la causa, continuaba entrada la noche de ayer tomando maratónicas declaraciones indagatorias en su despacho a los principales acusado. Además, el magistrado previó para las primeras horas de hoy la realización de varias medidas judiciales.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para aclarar este caso que es muy preocupante por las connotaciones que tiene y le aseguro que toda la policía está movimiento para buscar al evadido", manifestó anoche a este diario el juez Donnola.

El magistrado agregó: "Queremos llegar a determinar las responsabilidades de cada uno de los que pudieron facilitar esta fuga, pero también queremos encontrar a Flores. Estamos trabajando en eso y yo soy optimista porque soy trabajador".

Al respecto, el juez Donnola sostuvo que conformó un equipo de estrechos colaboradores, entre los que se encuentra los jefes de las divisiones Judiciales y de Seguridad Personal de la Unidad Regional II, para seguir de cerca el día a día de la investigación.

En ese sentido, la novedad ayer estuvo dada por la incorporación de un nuevo sospechoso a la lista de implicados. Se trata de un oficial penitenciario que estaba a cargo del pabellón B, de donde se escapó Flores, a bordo de un utilitario y escondido entre bolsas de pan el miércoles a las 8 de la mañana.

A declarar. Ayer también fueron trasladados desde la cárcel de Piñero al depacho del juez tres internos que eran compañeros de Flores en el sector de panadería del penal, sector del cual se produjo la evasión. Para eso, desde el juzgado de Donnola se tuvieron que remitir las correspondientes autorización y notificaciones a los jueces que tenían a su cargo las causas de esas personas. Los reclusos declararon durante la mañana, pero "poco aportaron a la investigación", dijo un vocero tribunalicio.

Fuentes de la pesquisa, en tanto, consignaron que probablemente el martes, serán convocados a declarar otros tres empleados del Servicio Penitenciario. En esos casos podría haber imputaciones directas, pero por delitos no tan graves como los que ya han sido tipificados. También para la semana entrante se estima que comenzarán a llegar al juzgados los pedidos de excarcelaciones para todos los acusados. Es que, según el Código Penal, el delito de facilitamiento de fuga establece una pena máxima de 4 años de prisión, lo que le permite al acusado permanecer en libertad mientras realiza la investigación y el juicio.

En el caso de los agentes del SP esa acusación presenta el agravante de pertenecer a una fuerza pública. En ese caso le correspondería una inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

Sin rastros. Por otra parte, desde la Jefatura, un alto oficial que participa de la búsqueda de Raúl Flores aseguró que ayer se hizo un nuevo allanamiento en el barrio La Tablada (ya son seis) para hallar al evadido, pero "fue infructuoso".

"Esto es un trabajo lento y tranquilo. En algún momento lo vamos a encontrar", dijo el esperanzado vocero.

Piden informes sobre las evasiones

Los presidentes de los bloques justicialistas de la Cámara de Diputados santafesina solicitaron al presidente del cuerpo, Eduardo Di Pollina, que invite al ministro de Seguridad de la provincia, Alvaro Gaviola, para "informar sobre distintos aspectos vinculados a la seguridad". La comunicación, firmada por Mario Lacava, Luis Rubeo, Alejandra Vucasovich, Jorge Lagna y Darío Scataglini especifica que, en especial, solicitan información sobre la masiva "fuga de presos de la alcaidía de Rosario" ocurrida el domingo; la evasión de Raúl Oscar Flores, el miércoles del penal de Piñero; y la fuga de reclusos de la alcaidía de Casilda.

Asimismo, los diputados Alberto Monti y Jorge Lagna y el senador Ricardo Spinozzi presentaron sendos pedidos de informes en la Legislatura para conocer acerca de "las actuaciones administrativas, sumarios internos, denuncias policiales y judiciales y resoluciones del Servicio Penitenciario y el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias" en relación a la fuga de Flores. "Tras conocerse la noticia funcionarios del gobierno provincial mencionaron las palabras «intencionalidad» y "complicidad» y que «resultan llamativos» los sucesos, sin especificar quién, cómo, dónde o porqué serían los responsables de dichas actitudes".