El secretario de Justicia de la provincia de la Santa Fe, Gabriel Somaglia, dijo que la decisión de la Justicia Federal de dejar en libertad a acusados de narcocriminalidad, como en el caso del triple crimen de Ybarlucea, “lesiona el interés público y el necesario orden de la administración pública“.

En diálogo con LT8, el funcionario apuntó directo al origen del crimen: “La causa del hecho (es) una reunión magnífica de un casamiento en que los contrayentes están procesados por ser parte directa, integrante de una empresa narcocriminal vinculada al traslado, acopio, fraccionamiento y distribución de drogas”.

Agregó: “Lo que más nos sorprende es que una Cámara de Casación con sede en Buenos Aires, muy liviana, sostiene que no hay riesgo (de obstrucción a la Justicia) y (los contrayentes) estaban en libertad condicional como procesados, a excepción de la mujer, Brisa Leguizamón, que tenía prisión domiciliaría porque tiene dos hijos menores a quienes cuidar”.

Sobre la cuestión de fondo, Somaglia afirmó que “hay que terminar con ese cliché de la grieta entre garantistas y no garantistas. Tenemos que dejar de teorizar sobre las garantías constitucionales”.

“No me tiembla la voz para decir que si no ajustamos las garantías constitucionales a lo que sucede en la realidad y jueces de Capital Federal, que no comprenden la realidad que está viviendo Rosario, y dejan en libertad a personas que dentro de dos meses van a ser sometidas a juicio donde hay acabadas pruebas de su participación en empresas narcocriminales”, dijo el funcionario provincial.

Somaglia redundó: “Nos lesiona. Las garantías constitucionales deben ser tuteladas, y nadie puede ser inculpado sin juicio previo y su inocencia se presuma hasta que no haya sentencia, pero otra cosa distinta es el curso del proceso si lo hace en libertad y en prisión preventiva”.

Finalmente sostuvo que “más allá de que si había o no obstáculos al proceso, hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos y la naturaleza de los mismos, porque no sólo se lesiona a la comunidad y a su vínculo con la administración pública, y además el hecho de que la narcocriminalidad atraviesa toda la comunidad también a la salud y a la educación”.