La escandalosa fuga de Raúl Oscar Flores de la cárcel de Piñero no deja de provocar movimientos en el tablero del Ministerio de Seguridad de la provincia, donde el tembladeral causado por la evasión del asesino del sindicalista camionero Abel Beroiz le costó ayer el cargo al titular de la Dirección de Control de Agencias de Seguridad Privada, Gonzalo Basualdo. El abogado penalista fue el defensor particular del confeso asesino del gremialista hasta los primeros días de febrero, cuando renunció a esa defensa para dedicarse a la función pública. Pero tras el escape del miércoles pasado, el funcionario ofreció dar un paso al costado para evitar un desgaste institucional en el área y ayer el ministro Alvaro Gaviola le aceptó la renuncia.

El corrimiento de Basualdo de la cartera de Seguridad se produjo tres días después de que el profesional declarara como testigo ante el juez que investiga la fuga, Juan Andrés Donnola. En la causa hay ocho personas (cuatro penitenciarios y cuatro agentes civiles del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias) imputadas del facilitamiento doloso de la evasión.

El ex abogado de Flores y ahora ex funcionario brindó su testimonio en ese expediente tras presentarse espontáneamente en el juzgado para ofrecer su colaboración en la causa. Eso ocurrió el viernes pasado, dijeron fuentes allegadas al expediente, cuando Basualdo entregó su celular particular y el de uso oficial para que fueran peritados ante la presunción de que hayan quedado registrados contactos con el evadido.

Fuentes oficiales, en tanto, desmintieron ayer que el abogado haya prestado declaración indagatoria, como había trascendido por versiones periodísticas.

Bajo aviso. Basualdo asumió a mediados de enero al frente de la Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias de Seguridad Privada dependiente del Ministerio de Seguridad. Fuentes del área señalaron que, al asumir en el cargo, puso en conocimiento inmediato al ministro Alvaro Gaviola de su rol como defensor de Flores en la causa por el crimen de Beroiz. Y también le manifestó su intención de alejarse del caso para evitar algún tipo de colisión ética.

El abogado renunció a la defensa de Flores en los primeros días de febrero, tras la feria judicial, y en su lugar el confeso sicario designó como defensor al hermano del profesional, Marcelo Basualdo. Sin embargo, tras el escándalo que la semana pasada generó la fuga del preso de la cárcel de Piñero después de atravesar tres controles en un utilitario cargado con pan, el viernes el funcionario puso su renuncia a disposición de Gaviola para “descomprimir la situación” y “evitar un daño institucional”, según indicaron voceros de esa cartera.

Gaviola le aceptó la renuncia ayer. Lo hizo luego de que el diputado justicialista Alberto Monti remitiera un pedido de informes al gobernador Hermes Binner preguntando, precisamente, si el titular de la Dirección de Control de Agencias de Seguridad Privada era quien ejerciera la defensa de Flores, si tenía relación de parentesco con el actual defensor del prófugo, si el funcionario prestó una declaración judicial y “si ha quedado incautado algún aparato de telefonía celular del gobierno de Santa Fe” en el juzgado que investiga la fuga.

Advirtiendo que el pedido de informe se hace “sin ánimo de prejuzgar ni acusar a nadie, ni menos aún manchar el buen nombre y honor de ningún ciudadano”, Monti plantea que “la transparencia que exigen los actos públicos del Estado provincial obliga que se aclare debidamente” el tema.

Al respecto, desde el entorno de Basualdo respondieron ayer en duros términos el requerimiento de Monti, porque “pone en tela de juicio cuestiones que hacen al ámbito personal y al legítimo ejercicio de la defensa penal, que no representa ninguna incompatibilidad con el cargo ni falta de ética”, dijeron. Y remarcaron que Basualdo ofreció dar un paso al costado para evitar un “desgaste institucional” en el Ministerio de Seguridad.

El detonante. La renuncia de Basualdo fue un efecto más de la fuga que Raúl Oscar Flores protagonizó el 3 de marzo pasado, cuando escapó del penal de Piñero escondido entre bolsas de pan en un utilitario del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), tras sortear tres controles que debieron detectarlo.

Tanto las autoridades provinciales como los familiares del sindicalista Abel Beroiz señalaron que la fuga no podría haber ocurrido sin connivencia entre el ahora prófugo y agentes penitenciarios. Y el juez Donnola, tras tomar las correspondientes indagatorias, ordenó la detención de cuatro empleados del Iapip y cuatro integrantes del Servicio Penitenciario, a los que acusó de facilitamiento intencional de la evasión, un delito que prevé hasta 4 años de cárcel.

Flores fue apresado el 13 de marzo de 2008 acusado de haber asesinado a Abel Beroiz, quien era secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe y tesorero de la federación nacional del gremio liderado por Hugo Moyano. El crimen ocurrió a las 6.45 del 27 de noviembre de 2007 en el estacionamiento subterráneo del ACA, ubicado en San Luis y San Martín. Allí, el sindicalista iba a abordar su auto particular cuando fue emboscado por dos hombres con los que mantuvo una discusión antes de recibir tres disparos y múltiples puñaladas.

Al día siguiente de su detención en la ciudad de Tostado, Flores confesó ante el ex juez Osvaldo Barbero que le habían encargado el asesinato para desplazar a Beroiz de la conducción sindical y que por el trabajo le iban a pagar 80 mil pesos. En sucesivas declaraciones brindó datos de quienes planearon el crimen, lo que derivó en la detención de otras ocho personas que ahora están procesadas.