La Policía de Santa Fe realizó cuatro allanamientos en la localidad de Puerto General San Martín, en los cuales se secuestraron 201 dosis de cocaína fraccionadas para su comercialización y aprehendieron a dos mujeres. En uno de los domicilios investigados como punto de venta de estupefacientes y allanado en oportunidades anteriores con resultados positivos, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitará el derribo de la vivienda que funcionaba como búnker de venta de droga en el marco de la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro y aprobada a fines del año pasado por la Legislatura.

En el procedimiento realizado en la zona de Güemes y Presidente Roca, efectivos de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) lograron la aprehensión de Maribel F. (40) y Antonela F. (27), a quienes se les secuestró 201 dosis de clorhidrato de cocaína y la suma de $35 mil, entre otros elementos de interés para la causa que tramita la fiscal Melisa Serena.

En otro de los allanamientos, llevado a cabo en Calle 15 al 4000 de barrio La Pedrera, los agentes no hallaron moradores pero sí incautaron marihuana. En una audiencia de cese de estado antijurídico, a realizarse en los próximos días, la Fiscalía solicitará el derribo del puesto de venta de drogas ubicado en Güemes y Presidente Roca, de zona oeste de Puerto General San Martín.

“Esta ley permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, la ley posibilita el derribo o demolición forzosa”, había dicho oportunamente el ministro de Justicia y Seguridad provincial Pablo Cococcioni durante el derrumbe de un punto de venta de drogas en la ciudad de Rosario.

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“La ley pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y nos enfocamos en la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta”, explicó.