Un empleado administrativo del Ejército Argentino detenido hace dos semanas fue procesado por el secuestro extorsivo del hijo de un empresario de la ciudad de Gálvez, un joven de 27 años que es insulinodependiente y que fue liberado sin que se concretara el pago de 200 mil dólares que exigían los secuestradores. El agente civil era el dueño de la casa de Andino donde estuvo cautivo el muchacho y fue detenido por orden del juez federal Reinaldo Rodríguez, quien ahora le dictó la prisión preventiva y un embargo de un millón de pesos. Consideró que estuvo por lo menos por dos horas en esa vivienda, reconocida por la víctima como el lugar de su cautiverio.

El procesado es Jonatan David Oscar Petri, un hombre de 40 años que hasta su arresto vivía en el batallón militar de Fray Luis Beltrán. Al procesarlo, un paso previo al juicio, el juez planteó en base a filmaciones y registros de su celular que habría estado en la casa donde estuvo secuestrada la víctima. Es el cuñado de los hermanos Franco Lionel y Martín Uriel Quevedo, de 35 y 26 años, quienes ya habían sido procesados por el secuestro y las lesiones leves sufridas por la víctima, para quienes el magistrado amplió esa medida. A la acusación inicial se añadió el robo de una mochila, un celular y dinero que estaban en poder del joven al momento del hecho y que no fueron hallados. Además se agregó el agravante por la participación de tres o más personas.

El agente, en tanto, fue considerado presunto responsable de un secuestro extorsivo agravado por ser la víctima una persona discapacitada, por su rango de agente de una fuerza de seguridad y por la cantidad de intervinientes. Además se lo procesó como partícipe necesario de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y lesiones leves.

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El hecho fue cerca de la medianoche del 14 de abril pasado cuando N.P.M., de 27 años, fue interceptado al salir de su trabajo en la ciudad de Gálvez. Al llegar a Maipú y Corrientes fue interceptado por un Ford Focus gris del cual bajaron dos hombres que para la investigación eran los hermanos Quevedo, quienes lo subieron al auto y le pusieron una capucha. El auto salió de la ciudad hacia el sur provincial.

El joven fue trasladado a una casa en construcción donde fue obligado a dormir en un colchón y orinar en un tacho. Alrededor de las 6 de la mañana siguiente los captores se comunicaron con la familia de la víctima desde un celular y solicitaron un pago de 200 mil dólares por la liberación. La familia del muchacho realizó la denuncia en la comisaría 2ª de esa ciudad. En un segundo llamado los secuestradores pidieron 5 millones de pesos.

En ese momento se activó un operativo con escuchas directas mientras el fiscal Santiago Marquevich, de la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos, y personal de la Policía Federal se trasladaban hacia Gálvez. Al mediodía, al frustrarse el pago de rescate, al joven lo liberaron en San Lorenzo, donde un automovilista lo encontró en un camino rural.

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En los operativos se secuestró un Ford Focus gris que sería el usado en el secuestro y se detuvo a los dos hermanos. Luego, el 2 de junio, fue apresado Petri. Se estableció que el día del secuestro su línea telefónica interactuó con los teléfonos de sus cuñados. A través de registros telefónicos y de filmaciones se corroboró que el agente es el marido de la hermana de los acusados Quevedo. La mujer tenía una vivienda en la localidad de Andino cuyas características coincidían con las relatadas por la víctima. En el allanamiento al lugar el joven reconoció una serie de objetos y sectores. También se encontró un portaequipajes que sería del Ford Focus usado en el traslado.

El juez Rodríguez consideró ahora que existen evidencias suficientes para sostener que Petri habría participado activamente del secuestro. Según un informe de la Policía Federal, el Focus tenía rastros de haber tenido montado un portaequipaje y en filmaciones se ve que al momento de los hechos lo tenía colocado, pero “luego fue removido y resguardo en el lugar de cautiverio”.

También señaló que el empleado del Ejército había interactuado el día del hecho en varias ocasiones con los celulares de los otros implicados. La mañana del 14 de abril su celular se ubicó entre las 09.27 y las 11.23 en la localidad de Andino. Las cámaras del municipio detectaron que a la 01.05 un vehículo similar al de los captores entró a la vivienda. Luego, durante la mañana, un Renault Sandero Stepway de la esposa del agente civil realizó el mismo recorrido que el otro vehículo. El procesamiento plantea que “cuanto menos, puso a disposición el inmueble en cuestión como lugar en dónde poder mantener oculta y retenida a la víctima mientras exigían el pago de un rescate para su liberación”. Algo que se deduce de “los reportes de su línea móvil y la filmación del rodado”, elementos que dan cuenta de “la presencia de P. durante el lapso de dos horas” en la vivienda de Andino.