El juicio oral contra una banda dedicada a quedarse con inmuebles mediante la falsificación de documentos públicos, caso conocido como la “megaestafa inmobiliaria”, se quedó sin dos de sus 13 acusados. Sandra Moresco, acusada de lavado de activos por haber recibido al menos una propiedad en carácter de testaferro, fue condenada a un año de prisión condicional mediante un procedimiento abreviado acordado entre su defensa y el fiscal Sebastián Narvaja.

El acuerdo fue homologado el viernes pasado por el juez Héctor Núñez Cartelle y en el mismo trámite se le otorgó una probation a otra de las acusadas, Magalí González de Gaetano, hija de Moresco y acusada del mismo delito, quien accedió a la suspensión del procedimiento a prueba bajo la promesa de realizar tareas comunitarias en la institución Cáritas hasta cumplir con cien horas.

Se trata de la pareja y la hija de Maximiliano González de Gaetano, uno de los principales acusados en la investigación comandada por Narvaja desde hace más de siete años. El eje de la pesquisa es la actividad de un grupo que se dedicaba a realizar operaciones fraudulentas con documentación falsificada para, primero, apoderarse de inmuebles, y luego desplegar una serie de maniobras para darles una apariencia ilícita a esas transacciones. Entre los acusados hay cuatro escribanos públicos.

En el caso de Moresco, estaba acusada de “poner su nombre al servicio de González de Gaetano” para llevar a cabo algunas de las maniobras investigadas. Concretamente estaba acusada por dos de las estafas investigadas, casos conocido como “Lacava”, que consistió en apoderarse de cuatro fracciones de campo en Arroyo Seco y General Lagos, y “Bona”, referido a la apropiación de una casa residencial en Funes.

Según la investigación para ello los acusados falsearon poderes y escrituras a favor de falsos propietarios con el objetivo de beneficiar a González de Gaetano. En el caso Lacava el papel atribuido a Moresco en el hecho fue, una vez concretado el despojo, intervenir como testaferro para que la propiedad pasara a estar a su nombre. Y en el otro aparece como falsa compradora para luego ceder el inmueble a otros miembros del grupo.

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Por esos hechos Moresco fue imputada como coautora de los delitos de de falsificación ideológica de instrumento público en concurso ideal con lavado de activos. En ese marco afrontaba en el juicio una pena de cinco años de cárcel más una multa superior a los 40 millones de pesos, según el pedido adelantado por el fiscal al inicio del debate oral.

En cuanto a su hija Magalí, de 28 años, estaba imputada por lavado de activos en torno al mismo caso. Para ella Narvaja había pedido una pena de tres años y medio de cárcel además de una multa en torno a los 6 millones de pesos.

A partir de estos acuerdos Moresco cumplirá un año de prisión condicional y, al igual que su hija, deberá cubrir cien horas de trabajo comunitario en Cáritas, entre otras reglas de conducta a las que se comprometió.