“A mí me sirve el pibe afuera porque estoy sola, hijo”. De esa manera se lamentaba en agosto pasado Erica Altamirano, la madre de Brandon Bay, tras la caída en prisión de un tiratiros de la banda de “Los Gorditos” que comandaba su hijo aún desde la cárcel donde está preso. La frase, receptada en escuchas judicializadas resume el clima de los últimos tiempos al interior de la temida banda de narcomenudeo nacida en el barrio Tiro Suizo y que extendió sus dominios al Cordón Industrial del norte rosarino. Las detenciones a miembros del grupo la semana pasada, el movimiento de droga que realizaban y el flujo de dinero que tenían quedaron reflejados en las llamadas que Brandon realizó a su madre a lo largo de este año. Fueron conversaciones desde el teléfono fijo de la cárcel de Marcos Paz que, aún con rodeos o palabras en clave, radiografiaron la actualidad de esta banda que sostenían las mujeres de la familia con poca gente de confianza en la calle.

Esas charlas reunidas a lo largo de 140 páginas son el corazón de la evidencia con la que el fiscal Pablo Socca imputó la semana pasada a ocho personas por integrar la asociación ilícita junto a otra veintena de acusados en los últimos años. Por el protagonismo, el rol de mando y la función ejecutiva que asumió tras la detención de su hijo Brandon en 2017, Erica Altamirano fue acusada como jefa u organizadora del grupo delictivo. A esta mujer de 48 años que además estaba a cargo de cuidar a sus nietos le atribuyeron controlar y supervisar la venta de drogas en toda su línea productiva: desde armar bolsitas en su casa de Dinamarca al 500 hasta el reparto en puntos de venta, asistir a miembros que caían presos, reclutar integrantes y administrar el dinero ilegal.

Entre los nuevos implicados (seis de ellos quedaron en prisión preventiva) están dos hermanas de Brandon. Giuliana, por actuar como cadete de los quioscos de droga además de visitar a su hermano en la cárcel para recibir directivas, y Flavia por decidir y supervisar la ejecución de balaceras a rivales. Entre otros imputados están Javier Alejandro “Negro” Aquino como encargado de búnkers y Luis Gabriel “Gordo” Saucedo como recaudador y a cargo de conseguir vehículos.

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A ellos se sumaron tres policías de la comisaría 32ª (Hugo Figueroa, Magalí Carrizo y Axel Teliz) acusados de recibir una coima de 50 mil pesos de parte de Altamirano para liberar a su hija Flavia y a la pareja de ésta, Luis Saucedo, tras caer con un auto robado el 9 de septiembre pasado. Entonces insertaron un falso boleto de compraventa del vehículo entre los objetos que policías del Comando habían incautado en el arresto. Lo que no sabían es que el celular de la madre de Flavia, quien se ocupó de esas gestiones, estaba intervenido desde hacía meses y dejó al descubierto el engaño. Otra hermana de Brandon, Aldana, estaba presa desde un año atrás.

No importa cómo

Un crimen de 2015 puso por primera vez en foco a Los Gorditos, con base en el complejo Fuerte Apache del barrio Tiro Suizo y la villa de calle Flammarión. Desde allí, a fuerza de tiros, violencia y protección policial, fueron ganando terreno hasta cubrir la zona norte de San Lorenzo. “Hay que avanzar matando gente inocente”, se le escuchó decir a Brandon, condenado a 10 años de prisión por los delitos de los primeros tiempos de la banda. En junio del año pasado fue imputado como líder del grupo tras la detención de diez miembros; y en diciembre de 2020 se descubrió que seguía dirigiendo al grupo como preso de alto perfil de la cárcel de Piñero por lo que fue trasladado a un penal federal. En audios enviados desde allí ordenaba disparar a cualquiera, incluyendo bebés, para sembrar miedo y ganar el territorio.

“El negocio lo manejan las mujeres pero los tiratiros son casi siempre hombres. Ellos se filman para mandarle los videos a Brandon. Es el comprobante para que les pague”, contó el año pasado una chica que tuvo un hijo con un ladero de Bay y mantuvo un vínculo cercano con la banda hasta que la acusaron de no pagar una deuda. Su familia sufrió desde entonces una temeraria saga de extorsiones que culminó con una balacera a su casa de Villa Manuelita en septiembre de 2020. Por ese ataque fue imputado “Cantita”, un pescador que según tiraba tiros para la banda “por dos pesos”.

Esa mujer contó que el negocio surgió en Tiro Suizo “cuando Brandon se quedó con las casas de unos traficantes. Brandon era un tarado y al día siguiente tenía un negocio con un montón de soldados”. Contó además que pagaban entre 3 mil y 5 mil pesos a los sicarios, que “venden casas, usurpan casas, matan gente, amenazan gente para que trabajen para ellos” y si alguien no cumple el encargo “le cortan los dedos”.

Plantillas verdes y blancas

“Es una organización de mujeres ahora”, refirió entonces la arrepentida y la descripción pareció ajustarse a lo que la Unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación (MPA) descubrió en las intervenciones telefónicas. Lo más jugoso surge de las charlas entre Brandon y su madre, afincada en su casa de calle Dinamarca donde, según un testimonio, “tienen una fosa abajo del parrillero donde meten plata, armas y droga”.

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“Esta llamada proviene de un establecimiento penitenciario”, arrancan todas las conversaciones entre madre e hijo. En ellas son reiterados los pedidos de Brandon para que en la visita le alcancen zapatillas con droga escondida: “Tres plantillas. Una todo verde y una todo blanco”, pidió el 14 de agosto en alusión a marihuana y cocaína (“de la buena” o “de la cara”), mientras su madre le refería detalles sobre compra y pago de estupefacientes. “Yo no hago más nada, es para los pibes”, aclaraba Brandon al solicitar envíos de droga.

Cuatro días más tarde conversaron sobre la caída de un soldadito en manos de agentes de Gendarmería que, de civil, le incautaron 130 mil pesos de la recaudación. “¿Y cómo va a andar con tanta cosa?”, cuestionó Brandon al enterarse; y aleccionó a su mare: “Tenés que sacar la plata. No tenés que dejar que se junte tanta plata”. Luego quiso saber si el joven tambien había perdido “gilada” (droga). “Plata y gilada, sí. Pero más plata”, informó ella.

El 20 de agosto un tal Juan, cuidador de un búnker de San Lorenzo, le informó a Erica de la caída del Negro Aquino, sorprendido por Gendarmería en la puerta de un búnker de calle Silvestre Begnis en San Lorenzo con una pistola 9 milímetros y que tras recuperar la libertad, en septiembre volvió a ir preso por el crimen de Gerardo Luis González, quien lo había denunciado por el robo de una moto y terminó baleado en noviembre de 2020.

Anoticiado por su madre de la primera detención, Brandon se enteró de que el tiratiros de la banda había perdido el “juguete” (el arma) pero no el celular y que su madre se ocupó de esconderlo porque el contenido del teléfono los comprometía. Brandon pidió a Erica que le lleve al Negro ropa y comida y le aconsejó que no demore en buscar “otro pibe” como reemplazante. “Iba re bien allá, me imagino. Para que pique la gorra por eso”, dijo, y previno a su madre: “Tenés que ser un poco más precavida, boluda, sino perdimos allá”.

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Al día siguiente, quizás apremiada por restaurar la logística, Erica se comunicó con Claudio “Tati” Ríos, preso como sicario de la organización, para que la contactara con un vendedor de material balístico. “¿Qué quiere comprar, caramelos o alguna gomera?”, le preguntó Ríos en alusión a balas y un arma.

Según las escuchas, la detención de Aquino generó diferencias entre madre e hijo por el reparto del dinero. Es que mientras Erica pretendía entregarle 50 mil pesos al abogado para que su soldado recupere la libertad bajo fianza, Brandon reclamaba que le llevaran 100 mil pesos para comprar un celular: “Necesito tener uno de esos para hacer una moneda, sino me quedan una banda de cosas paradas. Yo tengo que cobrar también, viste que con eso yo me comunico, te busco gente, te busco todo”. Acaso golpeada por las detenciones recientes, su madre repuso que necesitaba “el pibe afuera” porque al frente del negocio estaba “más sola que Kung Fu”.