Es muy común que personas indignadas por hechos de inseguridad propongan sus recetas para terminar con la inseguridad. Es muy común que esas recetas sean tomadas como soluciones idóneas en política criminal. Es muy común que el tiempo revele con hechos la ineficacia de esas recetas. Es muy común que esos resultados se ignoren y que esas mismas recetas, de fracaso probado una y otra vez, vuelvan a proponerse como soluciones.

Las personas que el jueves pasado se quejaron por la inseguridad en Santa Fe tienen derecho a estar enojadas. Tienen derecho a generar propuestas y a interpelar a las instituciones públicas para que las discutan. A lo que no tienen derecho es a pensar que lo único aceptable es lo que ellas proponen. Y a mostrar como bandera de toda la comunidad lo que piensan sectorialmente.

A mediados de 2004 los órganos del Estado democrático, como se quiere ahora, escucharon el clamor del pueblo. Tras una asamblea de 100 mil personas y la recolección de 4 millones de firmas el Congreso nacional aprobó una reforma penal casi a libro cerrado, que impulsaba el padre de un chico asesinado tras un secuestro. Buena parte de la sociedad entendió que esa trágica proximidad con el delito, ser familiar directo de una víctima, convertía su plan para reducir el crimen en una cosa indiscutible.

Con la reforma Blumberg se aumentaron y acumularon penas hasta 50 años, se endureció el uso de la prisión contra gente sin condena, se saturaron más las cárceles en todo el país, se incrementaron los requisitos para las libertades condicionales. Y la realidad del delito en Argentina, con esta "solución", no varió en absoluto.

No es verdad que los miembros del Congreso nunca escuchen lo que les piden. Con Blumberg hace cuatro años lo hicieron. Cediendo en forma demagógica a una atropellada con bases no en propuestas razonables sino en la pura bronca. Y que fue pan y circo: tranquilizaron la indignación pública por un rato sin resolver nada.

Los padres de Daiana no merecen un simulacro como lo fue la enmienda Blumberg. Porque contra la inseguridad hay remedio. Hay mucho que hacer en prevención, en políticas sociales de fondo y desde luego en reprimir el delito dentro de la ley. Lo que no tiene sentido es insistir con lo que ya se hizo como si no se hubiera hecho. Aumentar el rigor penal supone una idea poco original: que la represión es la solución eficaz para una sociedad que no garantiza educación, trabajo y porvenir a millones de sus pobladores. Ni siquiera asegurando esto desaparecerá la inseguridad. Pero aplicando rigor, sólo con eso, mucho menos.