La provincia incautó en tres meses más de 1.800 celulares en cárceles santafesinas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que se incautaron más de 1.800 teléfonos celulares en las requisas que se realizaron desde el inicio de su gestión en distintos pabellones de las unidades penitenciarias de la provincia.

Con los celulares ocupando gran parte del patio que la institución posee en la ciudad de Santa Fe, el gobernador resaltó que la decisión de llevar adelante estas requisas “se tomó en un marco de mucha violencia y criminalidad, y de muchos delitos que, según pudo probarse, se cometían desde la cárcel con teléfonos celulares. Producto del control que se está teniendo de las cárceles, y de la imposibilidad de comunicarse, hoy hay delitos que empiezan a bajar, fundamentalmente el robo y la extorsión”, detalló.

Pullaro indicó la importancia de “las herramientas que la Legislatura nos dio y que nos permitieron intervenir con más fuerza y tener mayor niveles de control en el Servicio Penitenciario, porque el Estado tiene que tener lo mecanismo que permita limitar la comisión permanente de delitos”.

“Hoy la sociedad puede ver algún tipo de resultado que le ha dado el gobierno, pero fundamentalmente los poderes del Estado”, destacó, para manifestar: “Somos conscientes de las críticas, pero solamente estamos haciendo cumplir la ley y la Constitución de la República Argentina y de la provincia de Santa Fe”.

Durante la visita a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.

Mayor efectividad

Por su parte, Cococcioni detalló que “estos 1.800 celulares son equivalentes, en número, a todos los secuestrados en los cuatro años anteriores” y destacó “la decisión, que ha tomado el gobierno de Santa Fe y ejecutado la Secretaría de Asuntos Penales y el Servicio Penitenciario, de restituir los grupos de requisas organizados, que habían sido disueltos”.

El funcionario precisó que “la decisión fue volver a un solo grupo que irrumpe de manera no anunciada y sorpresiva, no se le avisa a los directores de unidad; y que reporta directamente a la directora del Servicio Penitenciario por vía de su plana mayor. Esto permite, por supuesto, una mayor efectividad, porque quienes están en el grupo de requisas no tienen contacto regular y familiar con los privados de la libertad, y actúan como un grupo de choque externo”.

Asimismo, el ministro detalló que los celulares incautados “están a disposición del Ministerio Público de la Acusación, porque entendemos que la mejor opción siempre es una investigación externa e imparcial”.

Por último, Cococcioni manifestó: “La realidad nos exige ser contundentes en nuestra acción. A lo mejor hace 10 ó 15 años el celular podía ser considerado inofensivo, pero hoy, en un contexto de criminalidad organizada, no tenemos más alternativa que proceder de esta manera, porque no podemos permitir que los delincuentes sigan manejando sus organizaciones desde dentro de la cárcel”.