La decisión del juez Román Lanzón de otorgarle la libertad a Diego Pablo C., imputado por dos homicidios después de perseguir, atropellar y causar la muerte de dos jóvenes que lo habían asaltado, profundizó el debate instalado alrededor de la llamada justicia por mano propia. Desde que ocurrió el hecho, el 8 de abril pasado, hubo una serie de manifestaciones encabezadas por un sector social que, más allá del caso puntual, respalda este tipo de accionar. La pregunta que surge es no solo cómo influye la presión social en este hecho sino también cómo repercute el reclamo punitivista en la administración de justicia y en el comportamiento social en un contexto en el que no dejan de reproducirse hechos violentos.

En una audiencia realizada la tarde del viernes el fiscal Patricio Saldutti solicitó que se le otorgara la libertad con restricciones al imputado. Diego Pablo C., a quien le habían dictado prisión preventiva por 60 días, recuperó la libertad y además el fiscal adelantó que "se divisa objetivamente la posibilidad de un futuro encuadre legal menos gravoso". En ese sentido indicó que el avance de la investigación se sustenta en 21 cámaras de vigilancia y la declaración de 12 testigos. A su vez el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, ordenó a la policía la custodia permanente del imputado.

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La novedad implicó el apoyo de un sector social que se manifestó sobre todo en redes sociales pero que también participó de una serie de movilizaciones realizadas desde que Diego Pablo C. quedó detenido. "Sin dudas en este caso hubo una presión social, pero también fue fundamental la presentación y reproducción del caso que hicieron algunos medios de comunicación y algunos dirigentes", analizó Francisco Broglia, defensor público y docente de la Facultad de Derecho de la UNR.

"Está claro que no es común que un fiscal pida la libertad de alguien, no pasa habitualmente en las causas del sistema penal, son casos muy excepcionales", agregó Broglia. En ese sentido indicó que las movilizaciones pudieron influir en el devenir de la causa. "Sabemos que la Justicia de algún modo se maneja como caja de resonancia social y lo que va sucediendo alrededor impacta, influye y muchas veces hace que las resoluciones judiciales se den de determinada manera", opinó.

Para Broglia es fundamental analizar el discurso, mediático y social, que se afirmó alrededor de este hecho puntual que si bien abrió un amplio debate tiene como sujeto a una sola persona: un joven acusado de dos homicidios. "Se presentó a Diego como un justiciero y yo tengo severas dudas de que él quiera estar en ese lugar de justiciero por mano propia en el que lo pusieron. No hay ninguna declaración de él hablando en esos términos", indicó.

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Para el docente con las víctimas fatales del hecho, Diego Quiroga García y Luciano Escudero, de 25 y 29 años, el abordaje mediático en general fue distinto. "Hubo una mirada deshumanizadora, una presentación de ellos como víctimas culpables y enemigos porque tenían antecedentes", analizó Broglia. "Eso obviamente influye en construir a víctimas que se merecían lo que les pasó, que algo habrán hecho para que les pase lo que les pasó. Así es más fácil que la resolución judicial sea como fue", agregó.

Diego Pablo C. podrá, con el avance de la investigación, tener un respaldo jurídico que beneficie su situación procesal. Por el momento el respaldo que tiene es mayoritariamente de un sector social que acuerda con la llamada justicia por mano propia y defiende el accionar del imputado sin reparar en cuál fue ciertamente la intención del joven o en cómo se siente después de matar a dos personas. En tanto resulta de interés analizar cómo repercutirá en la sociedad el rol que está tomando el poder judicial y como se desenvolverá en lo que resta del proceso.

"El mensaje social es que se puede hacer justicia por mano propia. La mayoría de la gente en las redes sociales alaba este fallo diciendo que los chicos se lo merecían. Se sigue habilitando una mirada de las personas imputadas de algunos delitos como enemigos sociales y eso va a producir más de estos casos", analizó Broglia.

En carne propia

Juan Manuel Vega tenía 29 años cuando fue asesinado por un menor de edad que había insistido en distintas ocasiones en venderle objetos robados. El 9 de marzo de 2014 el chico, de 17 años, lo mató con una puñalada en el pecho. Desde entonces la familia de Juan Manuel emprendió un proceso de reclamo de justicia como en muchos otros casos ocurridos estos años. Actualmente Gabriela Vega, su hermana, integra el colectivo Pariendo Justicia que reúne a familiares de víctimas de hechos de robo pero también de otros tipos de violencias.

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El colectivo Pariendo Justicia se caracteriza por no optar por el punitivismo como una salida al problema de la violencia. "Tenemos otra mirada de lo que es la seguridad, para nosotras no es ni más policías en las calles, ni penas más duras", explicó Vega. "No creo que lo punitivo pueda cambiar algo, porque por más que metamos gente en la cárcel si no hay una transformación desde adentro no vamos a lograr demasiado", agregó.

"El asesino de mi hermano estuvo 8 años preso y no entendió nada, se hizo tanto esfuerzo para que quedara preso y salió exactamente de la misma manera", contó la mujer. Es que Sebastián G., el joven que en 2014 mató a su hermano y cumplió condena, hoy está sospechado de haber cometido otro crimen una vez que recuperó la libertad. "No va a cambiar nada si la Justicia sigue siendo deshumanizada y desigual", opinó Vega.