Ante el salón colmado del aula Magna de la Universidad de Derecho, María Eugenia Iribarren, la Fiscal Regional de la Circunscripción Judicial N° 2 del Ministerio Público de la Acusación, brindó en la tarde del martes detalles sobre la gestión a su cargo durante el 2022. En su discurso destacó que “Rosario tiene la tasa de homicidios más alta; con 22/100.000 habitantes y los delitos lesivos más violentos de todo el país y lo que se necesitan son recursos para afrontar esa realidad”.

A lo largo de casi una hora y media demostró, por medio de gráficos, las distintas acciones realizadas por la unidades del Ministerio Público de la Acusación en la Región Segunda y el derrotero de las resoluciones de distintos casos ingresados al Ministerio: “Elevar el reclamo de mayores recursos y una asignación más seria en el presupuesto de la provincia para la investigación de los delitos y para el MPA, es uno de los ejes del informe de gestión”.

Asimismo, señaló que la región abarca no solamente Rosario, sino también San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda y Villa Constitución. “Es decir, es una población extensa, tiene el 50 % de la población de la provincia, tiene más del 60 % de toda la conflictividad de todos los legados que ingresan en el MPA en la Fiscalía Regional Segunda, lo que da la pauta de una mayor conflictividad relacionada con que Rosario tiene más de un millón de habitantes y siempre las grandes circunstancias tienen más conflictividad”.

Iribarren aprovechó la oportunidad para destacar que “en este sentido se nombrará a un coordinador de todas las áreas, un fiscal que conoce perfectamente la realidad de cada área”, refiriéndose al cargo que ocupará formalmente en los próximos días el ex fiscal general Jorge Baclini.

En ese sentido, puso de relieve la importancia de la planificación para definir una estrategia de persecución penal para casos de baja lesividad, como conflictos interpersonales o situaciones familiares que “se resuelven de otra manera y para eso se generaron nuevas instancias de resolución tanto con fiscales como con los equipos interdisciplinarios”.

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A la hora de los números Iribarren sostuvo que hubo 147 mil causas en 2022 en la fiscalía y que el presupuesto asignado, que depende de Ministerio de Gobierno, es de $5.250.000.

En el final de la presentación remarcó que “el lavado de activos es una prioridad. Hubo cinco condenas, se decomisaron ocho inmuebles y se obtuvieron resarcimientos por $750 millones y se logró vincular causas para proseguir con las investigaciones a partir del trabajo en conjunto con la justicia Federal y equipos de trabajo de otras áreas”.