El miércoles de la semana pasada la fiscal de Homicidios Georgina Pairola terminó el alegato en el que acusaba a Lucas Alejandro Ponce, de 28 años, del asesinato agravado de Sebastián Oviedo, y les habló a los jueces. "Aconsejo no esperen a revocar la prisión domiciliaria del imputado y que continúe detenido en un establecimiento carcelario. Entiendo que la domiciliaria es injustificada y no se va a presentar a la lectura del veredicto. El sabe que será condenado y se va a fugar. Si no levantan la domiciliaria por lo menos pongan un móvil en la puerta de su casa", advirtió entonces la fiscal.

Un día después, efectivamente, Ponce se escapó. Rompió el dispositivo electrónico adosado a su tobillo para el control en un ámbito privado y se escabulló de la vivienda de barrio La Granada donde estaba hacía 20 meses. La evidencia presentada por la fiscal había sido a tal punto categórica que el tribunal formado por los jueces Melania Carrara, Gustavo Pérez de Urrechu y Facundo Becerra lo terminó condenando en rebeldía —es decir, pese a estar ausente— a 18 años de prisión.

La dificultad en la comprensión del caso es que la fiscal había anticipado que la prueba contra Ponce era concluyente, que el imputado se había resistido con fiereza a su detención, que no cumplía con ninguna de los justificativos de una prisión domiciliaria ante un delito tan grave y que el peligro de fuga era más alto a medida que se acercaba el desenlace del juicio. El vaticinio no se cumplió por azar, piensan en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), sino porque era lógico que así ocurriera.

Esta situación produjo preocupación en la Corte Suprema de Justicia que encuentra en este incidente con bastante de anunciado una reiteración de otros casos. Por ello se iniciará con alta probabilidad una investigación sumaria en el máximo tribunal provincial para establecer si existía razonabilidad y lógica jurídica para permitir una detención fuera de un establecimiento penitenciario a una persona que tenía evidencia fuerte como autor de un asesinato que lo haría acreedor a una alta pena y que no contaba con los justificantes que la ley autoriza para una domiciliaria.

Peligro de fuga

Lucas Ponce es yerno de Máximo Ariel "Viejo" Cantero y vive con su esposa en barrio La Granada. El 3 de marzo de 2017 se tomó a golpes con Ariel Hernán Arriola que esperaba en la guardia del hospital Roque Saénz Peña para ser atendido. Poco después Arriola y su cuñado Sebastián Oviedo se marcharon caminando. Cuando avanzaban por Regimiento 11 y Salva les dispararon varias veces desde un vehículo.

Según la fiscal el que abrió fuego fue Ponce, quien quería matar a Arriola, pero las balas le quitaron la vida a Oviedo. Los elementos más definitorios en su contra fue la palabra de un testigo presencial y cámaras que revelan el hecho.

En principio el juez Luis María Caterina mantuvo con prisión preventiva en una cárcel a Ponce discutida por el primer defensor de éste, Fausto Yrure. Pero el 22 de febrero de 2018 el camarista Carlos Carbone le otorgó al acusado prisión domiciliaria, ante la oposición de Pairola, que señaló que las evidencias contra el imputado eran claras y concluyentes y que existía claro peligro de fuga.

En septiembre de ese año la jueza Mónica Lamperti rechazó la ampliación de la prisión atenuada con salidas laborales. Previamente, en junio de 2018, se había detectado en una audiencia ante el juez Ismael Manfrin que Ponce se había ausentado sin avisar del domicilio donde cumplía su confinamiento. Cuando un patrullero llegó a su casa Ponce manifestó a través de su defensor Marcelo Martorano que había salido al odontólogo y acompañado a su mujer embarazada al médico, sin que —según la fiscal— existiera autorización para ello y presentación de constancias médicas.

Pairola pidió revocar el beneficio pero Manfrín evaluó que las inconsistencias que alegaba no eran de la entidad suficiente como para cancelar el beneficio otorgado por Carbone.

Incógnita

La principal incógnita actual es qué motivos presentó el camarista que primero habilitó la domiciliaria para conceder ese beneficio cuando Ponce no cumplía con ninguna de la excepciones previstas por la ley en tal sentido, por ejemplo una situación grave de salud que impida ser tratado en un ámbito carcelario, padecer una enfermedad incurable, acreditar una discapacidad específica, tener más de 70 años o ser una mujer embarazada.

Lo que en su momento señaló Carbone es que estaba cuestionada la apariencia de responsabilidad de Ponce, es decir que la evidencia con la que lo acusaron no era a su criterio categórica, por una discusión sobre el horario de un video que según la fiscalía complicaba al imputado pero que, a juicio de la defensa, lo libraba de culpa.

La línea de investigación que encararía la Corte examinaría la actuación en este caso de todos los jueces intervinientes. Para la fiscal Pairola el otorgamiento de ese beneficio es sencillamente inexplicable en las condiciones personales de Ponce y en la peligrosidad presunta de un hombre complicado por evidencia en la perspectiva de una larga condena.

Cuando Pairola pidió el miércoles pasado por última vez que se cancelara la domiciliaria de Ponce, un día antes de que se fugara los jueces que terminarían condenándolo señalaron que su prisión en una casa de barrio La Granada era una decisión jurisdiccional del camarista Carbone y que, para tribunal, las circunstancias tenidas en cuenta por aquel no habían variado. Y que cambiarla suponía adelantar opinión sobre el veredicto. También señalaron que la custodia adicional en la casa con un patrullero para reforzar la vigilancia podía ser ordenada por la misma fiscalía.

La segunda

Este caso pone en crisis por segunda vez en dos meses el modo en que se otorgan domiciliarias. Ya está bajo análisis de la Corte Suprema y el MPA la decisión que permitió que Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, condenado por instigar el ataque a balazos a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti, estuviera cumpliendo prisión atenuada en una mansión de La Florida, cuando lo asesinaron en octubre pasado. En ese momento Sandoval estaba acusado por una tentativa de triple homicidio a balazos por la cual su hermano Lucas fue sentenciado la semana pasada a once años de prisión.