En el marco de la audiencia que comenzó el jueves pasado contra Andrés Pillín Bracamonte; el secretario de la Uocra, Carlos Vergara, y otras siete personas, sospechados de una serie de delitos en los que buscaron imponer negocios con viandas y baños químicos a las contratistas de obras, se desprendió un causa sobre lavado de activos en la cual además de comprometer a Bracamonte está implicado un socio ocasional, Fernando Rigiracciolo. En la jornada del miércoles el juez Facundo Becerra resolvió trasladar la causa de lavado al fuero federal.

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Según los fiscales de Delitos Económicos Moreno, Sebastián Narvaja y César Pierantoni, la empresa cuestionada de ser la herramienta para el lavado es Vanefra, que tiene dirección en Capitán Bermúdez y de la que son socios Bracamonte y Rigiracciolo. Ambos fundaron además Ferce SRL en Bermúdez, constituida el 14 de agosto de 2020, utilizando una prestanombre. Entre sus actividades declaradas ante la Afip registra la de “servicio de preparación de comidas para empresas y eventos”.

A partir del tenor de las causas, una por extorsión y otra por lavado, la defensa de Bracamonte, Carlos Varela, planteó oportunamente que la causa de lavado ser del fuero federal. Es así que el juez Facundo Becerra determinó hacer lugar a la “declinatoria planteada por las defensas de Bracamonte y Riggiracciolo y declarar la incompetencia de la Justicia provincial para seguir entendiendo en el presente y dispone remitir las actuaciones en formato digital al juzgado federal en turno”, y pidió a la fiscalía que haga lo mismo con el legajo de la investigación penal preparatoria.