Las pesquisas sobre juego clandestino, que tuvieron impacto por corrupción institucional con funcionarios presos, dio un nuevo coletazo: la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la apertura de una investigación contra una fiscal por presunta omisión de investigación contra un capitalista de juego ilegal, que es de la familia de Leonardo Peiti, quien con sus revelaciones provocó la detención del ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y del fiscal Gustavo Ponce Asahad.

El planteo de la auditoría es para que se analice el desempeño de la fiscal Natalia Benvenuto, lo que igualmente ya mereció una denuncia penal. El dictamen surge tras una denuncia del fiscal regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, a raíz de una conversación por intercambio de información que tuvo en diciembre de 2018. Lo que supo Sinópoli es que en una pesquisa contra el padre de Leonardo Peiti la fiscal Benvenuto cerró con él una pena de tres años de ejecución condicional en un juicio abreviado. Pero el acuerdo que terminó con esta pena fue resultado presunto de una presión dado que la fiscal, según la denuncia, habría dicho que de no cerrar el abreviado ordenaría abrir los registros de teléfonos de los imputados, con lo que podría involucrar a otras personas, incluso a Leonardo Peiti, en pesquisas en Venado Tuerto, Villa Constitución y Cañada de Gómez.

Para ello Sinópoli ofreció como evidencia un audio en el que Benvenuto, que se desempeña como fiscal coordinadora interdistrital, señala que le ofreció al abogado Luis Rossini, que representa a la familia Peiti, cerrar el abreviado para no abrir los teléfonos, lo que en caso de haberse intentado podría tener consecuencias penales contra más personas.

La auditora María Cecilia Vranicich consideró que tal cosa puede implicar una omisión de investigación o bien una omisión del deber de denuncia del funcionario público, lo que tiene apariencia de falta grave disciplinaria, de mal desempeño y de posible delito. Por ello reunió distintos elementos relacionados al caso: los legajos abiertos a imputados que se apelliden Peiti, las investigaciones llevadas adelante, las declaraciones al respecto del fiscal regional Sinópoli, y capturas de intercambio de mensajes de whatsapp entre Sinópoli y la fiscal Benvenutto. Con esas constancias concluyó que se debe iniciar una investigación disciplinaria.

El pedido del procedimiento disciplinario fue remitido a la comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, a la fiscal regional interina de Rosario María Eugenia Iribarren y al fiscal general Jorge Baclini. La auditora Vranicich no se inhibió de intervenir.

Leonardo Peiti es un empresario de juego que también tenía emprendimientos ilegales. Admitió que pagó coimas para poder seguir con su actividad ilícita a funcionarios policiales y a fiscales como los mencionados Serjal y Ponce Asahad. A cambio estos se comprometían "a transmitirle información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos e interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir dictámenes con el objeto de que no prosperen imputaciones contra él", según la acusación.