Al menos ocho suboficiales de la Policía Montada de Policía Federal de Buenos Aires fueron separados de la fuerza, a mediados de marzo, al estar investigados por la Justicia en un caso de prostitución de menores.
Fuentes policiales informaron que se trata del sargento Sebastián Borfitz, el cabo primero Héctor Diego Palavecino, los cabos Fermín Olmedo (Montada), Héctor Taborda Sotelo y los agentes Héctor Daniel Martínez, Mauricio Sebastián Acevedo, Gustavo Raimundo Salinas y Miguel Ángel Campero.
Al momento de producirse la separación de la fuerza, la mayoría de ellos había sido cambiado de destino, ya que sólo Palavecino y Olmedo seguían en la Policía Montada, mientras que Borfitz estaba en la comisaría 50, Taborda Sotelo en Tránsito, Martínez en la seccional 5ª, Acevedo en el Grupo GEOF, Salinas en Guardia de Infantería y Campero en la Subdelegación Salvador Maza de Jujuy.
Los efectivos fueron separados de la Federal el 14 de marzo pasado, pero trascendió en las últimas horas.
La causa judicial se inició en 2012 por la denuncia de un agente de la comisaría 2ª ante el Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré, en la que se investiga una red de uniformados que regenteaban y hacían prostituir a menores de edad que encontraban en situación de calle.
Las adolescentes eran sometidas en distintos puntos de la Capital en destacamentos, lugares de consigna y en operativos deportivos.
Un alto jefe policial reveló a NA que si bien la causa se inició por abuso sexual contra menores, también se investiga una red de prostitución con mujeres mayores de edad.
"Algunos de estos policías usaban a las chicas como prostitutas, pero sólo para clientes que eran policías federales. Por eso entregamos la lista con los nombres que se recogieron a partir de las declaraciones de algunas de las víctimas", indicó una fuente judicial consultada por NA.
"También son investigados los integrantes de la fuerza que fueron cómplices, porque para secuestrar a una de estas jóvenes, uno o dos policías no pueden lograrlo con la complicidad de otros", agregó.
Asimismo, revelaron que una de las chicas que era obligada a prostituirse tuvo dos hijos, por lo que "se ordenó un ADN para cotejar si el padre de esos chicos es alguno de los policías investigados".
La causa comenzó en la Defensoría Pública de Menores e Incapaces Número 2 en lo Civil, a cargo del juez José Atilio, pro el 25 de noviembre de 2011 el expediente 42817/2011 recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de instrucción 38, secretaría 132 a cargo de Gabriel Rey.
