El reclamo que presos de cárcel de Piñero expresaron en una carta manuscrita por la suspensión de las salidas transitorias, y que el Servicio Público de la Defensa Penal motorizó en un trámite de hábeas corpus, fue admitido por la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto. En la audiencia realizada el viernes, autoridades penitenciarias revelaron que existe un sólo móvil en condiciones de garantizar traslados de presos en todo el sur provincial. Ante ese panorama la magistrada admitió el recurso, ordenó que se garanticen “sin excepciones” todos los traslados vinculados a cuestiones de salud y otorgó un plazo de 60 días para que se regularice la situación.

La iniciativa surgió de los presos del pabellón 7 de la cárcel de Piñero ante la suspensión de las salidas transitorias, un beneficio al que acceden por cuenta propia pero del que se ven impedidos cuando debe garantizarlo el Servicio Penitenciario (SP) ante la falta de móviles en condiciones. La Defensa Pública hizo extensivo el planteo al resto de las unidades penitenciarias de Rosario y la zona, donde no sólo se suspendieron las salidas transitorias sino que también se vieron afectados los traslados por cuestiones médicas, de acercamiento familiar, por nacimientos o velatorios.

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“La carencia de móviles genera agravamientos en las condiciones de detención que no se limitan al tránsito penitenciario sino que se extiende mucho más allá, afectando la atención médica adecuada y el sostenimiento de vínculos familiares”, planteó el recurso. La defensora general Jaquelina Balangione expresó en la audiencia que existen “múltiples incumplimientos” en materia de traslados, lo que acarrea “consecuencias procesales y personales”, en tanto que el defensor regional Gustavo Franceschetti apuntó que no se trata de una coyuntura puntual sino de “un problema generalizado al que es preciso darle solución”.

Las autoridades del SP indicaron que no dan abasto para garantizar los traslados necesarios ante la rotura de los móviles. Revelaron que en este momento existe sólo un vehículo en condiciones para la zona sur de Santa Fe y once para toda la provincia. Un cuadro que, según expresó el secretario de Asuntos Penitenciarios Walter Gálvez, esperan compensar con el avance del proyecto de declarar la emergencia en el sistema penitenciario, lo que acarrearía inversión en equipamiento.

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En ese marco, los defensores solicitaron que se intime al Poder Ejecutivo para que le de máxima celeridad a los expedientes de compra y reparación de las unidades y además se exhorte a ambas cámaras de la Legislatura a tratar el proyecto de emergencia penitenciaria en sesiones extraordinarias.

La jueza Prunotto consideró acreditado que las salidas con acompañamiento del SP se vieron resentidas ante “la deficiencia e insuficiencia del parque automotor” y por ello dispuso que “se garantice sin excepciones la realización de todos los traslados vinculados a la atención de salud”. Asimismo otorgó un plazo de 60 días para que se regularice el resto de los traslados e instó al Ejecutivo provincial a “realizar las gestiones administrativas, presupuestarias, jurídicas o técnicas que sean necesarias” para solucionar el problema. Por último, solicitó un informe actualizado del parque automotor del SP y que se notifique al resto de los jueces penales la situación, que volverá a revisarse en febrero de 2022.∏